Putin amplía el delito de «alta traición»

La norma entra en vigor ante el desasosiego de los defensores de los derechos humanos , quienes creen que se trata de un mecanismo intimidatorio más del Kremlin para evitar que la ciudadanía participe en la vida política, se una a las protestas opositoras y se acerque a los extranjeros. Si, hasta la fecha, para poder acusar a alguien de alta traición era necesario probar que había difundido información sensible, considerada “secreto de Estado”, ahora basta con que la persona en cuestión “preste cualquier tipo de asistencia -de asesoramiento, financiera o técnica- a otro país, organización extranjera o estructura de ámbito internacional cuyas actividades atenten contra la seguridad de Rusia” y más concretamente contra el “orden constitucional, la soberanía y la integridad territorial”.

Lilia Shibánova , que dirige la organización “Golos” contra el fraude electoral, estima que “si, por ejemplo, paso información sobre irregularidades en las elecciones a un periodista extranjero, puedo ser acusada de espionaje o alta traición”.

El diario “Rossiiskaya Gazeta” , que publica el texto completo de la ley, advierte que “incluso el hecho de trabajar con un contrato para una organización civil extranjera puede ser delito, si una investigación determina que tal entidad ha actuado contra nuestro Estado”.

El representante en Rusia de Amnistía Internacional , Serguéi Nikitin, teme que compartir información con su organización u otras ONGs internacionales e incluso recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos pueda ser tipificado como delito. Según su opinión, “la definición de alta traición es ambigua y permite aplicar la ley de forma selectiva”.

Desde el regreso al Kremlin de Putin, el pasado mes de mayo, han sido adoptadas varias leyes restrictivas contra el derecho de manifestación, la libertad en internet o la que considera a las ONGs rusas que reciben dinero del exterior “agentes extranjeros”. Tales iniciativas han surgido como freno a las protestas callejeras que denuncian la falsificación de las pasadas elecciones legislativas y presidenciales.

Putin, que al final no cumplió su palabra dada el lunes ante los miembros del Comité de Derechos Humanos de “revisar” los aspectos polémicos de la ley, sí señaló entonces que toda la normativa aprobada en los últimos meses tiene como objetivo “hacer de Rusia un país eficaz y estable”.