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Mujeres violadas, la otra cara del conflicto armado colombiano

La Fiscalía sigue ocho causas por violencia sexual, dos de ellas en fase de juicio, en las que están implicados paramilitares y miembros de las FARC

Día 12/11/2012 - 19.31h

La Fiscalía General de Colombia sigue ocho causas por violencia sexual contra las mujeres asociada al conflicto armado interno, con las que ha vinculado a 38 paramilitares y guerrilleros, informó este sábado el ente judicial en Bogotá.

Los procesos, que avanzan en la etapa de instrucción, están en manos de fiscales de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, agregó la fuente, que indicó que dos de los casos pasaron a la fase de juicio.

En un informe divulgado en la capital colombiana, el ente acusador presentó como un caso emblemático el de una líder femenina del centro de Colombia que fue secuestrada y abusada sexualmente por paramilitares.

La mujer, dirigente de una organización, cayó en manos de miembros del grupo ultraderechista Héroes de Gualivá el 21 de julio de 2003 en la zona rural de Sasaima, localidad en el departamento de Cundinamarca, del que es capital Bogotá.

Según la Fiscalía, los paramilitares la interrogaron, sometieron a «tratos indignantes» y la violaron, después de lo cual la dejaron abandonada.

Obligados a huir del país

La víctima pudo llegar hasta Puerto Salgar, población del mismo departamento en la que denunció los hechos ante las autoridades, pero tiempo después tanto esa líder como sus familiares, relató la Fiscalía, «se vieron obligados a salir del país».

El caso lo instruyó una fiscal, que procesó a dos paramilitares bajo cargos de secuestro extorsivo agravado, acceso carnal violento en persona protegida (por el derecho internacional) y desplazamiento forzado.

Otros cinco presuntos implicados fueron vinculados con este mismo caso.

En el informe, la Fiscalía General también informó de los resultados de una investigación contra guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) implicados en un caso de agresión sexual contra mujeres que incluyó homicidio.

La víctima fue Blanca Ludivia Hernández, enfermera rural y líder comunal a quien rebeldes del frente cincuenta de las FARC interceptaron el 8 de agosto de 2002 en el área campesina de la localidad de Córdoba, en el departamento del Quindío (oeste).

La Fiscalía denunció que su cadáver fue encontrado una semana después «con múltiples heridas de arma contundente y cortopunzante y con señales de haber sido ultrajada».

Por este caso fue condenado a cuarenta años de prisión «Javier» o «Chocorramo», alias del rebelde Gustavo Joanis Bedoya Martínez.

Hace casi cinco semanas, la organización Amnistía Internacional (AI) instó desde Londres al Gobierno colombiano a hacer más para erradicar y castigar la violencia sexual contra las mujeres en el contexto del conflicto interno, que lleva casi medio siglo.

De no hacerlo, «podría ser necesaria la intervención de la Corte Penal Internacional», advirtió la organización humanitaria.

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