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Egipto quiere prohibir el porno

Día 09/11/2012 - 03.46h
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Una campaña lanzada por los salafistas quiere acabar con las páginas web para adultos porque dañan la salud física y mental de la población

El porno procede de la cultura occidental, daña física y psicológicamente a las personas, daña los valores de la familia y promueve una cultura criminal. Con esta descripción de la pornografía, una campaña lanzada por salafistas y conocida como «Red pura» busca que el gobierno egipcio prohíba las páginas web para adultos. La campaña ha calado ya en las autoridades, y el fiscal general de Egipto ha dado instrucciones a varios ministerios para que bloqueen páginas pornográficas que dañen «los valores y costumbres del pueblo egipcio y los intereses del país».

El porno ya fue prohibido por una orden del Tribunal Superior Administrativo en 2009, pero las autoridades, entonces encabezadas por el depuesto presidente Hosni Mubarak, no la ejecutaron. El tablero de juego ha cambiado desde entonces y los nuevos gobernantes islamistas son mucho más sensibles a la presión de grupos afines e incluso más radicales, como es el caso de los salafistas. Sin embargo, ha sido Abdelmaguid Mahmud, el fiscal general que fue nombrado por Mubarak y al que Mursi despidió la semana pasada –orden a la que él ha hecho oídos sordos y continúa en su puesto-, el que ha exigido a los ministerios de Comunicaciones, Información e Interior que tomen las medidas necesarias para bloquear estos sitios de internet.

La decisión del fiscal ha sido aplaudida por los sectores más conservadores y religiosos, pero también criticada por algunos grupos de derechos humanos, que consideran que viola la libertad de expresión y sienta un precedente peligroso. Incluso algunos islamistas moderados como Islam Lotfy, que abandonó los Hermanos Musulmanes para fundar el partido Al Tayar, han criticado la orden de Mahmud, al que exigen que se centre en combatir la corrupción y no tanto en luchar contra las páginas web pornográficas, ha dicho a través de Twitter.

Pero la presión del salafismo sobre un gobierno islamista que se la juega haciendo equilibrios entre la imagen de moderación que quiere proyectar y las promesas hechas a sus bases, es importante. Con un lenguaje ambiguo, el portavoz de la cofradía, grupo del que procede el presidente Mohamed Mursi, ha reconocido que la decisión del fiscal es «un primer paso para establecer una sociedad basada en la ética». Sin embargo, para el salafista Ali Wanis (que fue expulsado del partido Al Nur este año al ser encontrado en un coche en actitud «indecente» al parecer con una sobrina), se trata, básicamente, de aplicar la ley islámica.

La batalla sobre la sharia también se libra en la Asamblea Constituyente, que podría tener un borrador final de la carta Magna antes del próximo 19 de noviembre. Varios grupos salafistas han convocado hoy una manifestación en la plaza Tahrir para exigir una mayor presencia de la ley islámica en la Constitución.

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