La sentencia del Tribunal Constitucional ha zanjado el debate jurídico sobre el matrimonio homosexual, pero la polémica sigue abierta. Los obispos, asociaciones en defensa de la familia y sectores significativos del PP expresaron ayer sus críticas, a pesar de que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ya aseguró el pasado martes que el Gobierno acataría el fallo del máximo intérprete de la Carta Magna.
Dentro del PP fue precisamente el titular de Interior del Ejecutivo, Jorge Fernández Díaz, la principal cabeza visible de los críticos a esta decisión. «Sigo creyendo que el matrimonio define la unión de un hombre y una mujer y estoy en contra del derecho a adoptar niños por parejas del mismo sexo», aseguró el ministro, quien mostró su convicción de que «debe prevalecer el derecho del niño».
Fernández Díaz recordó que él votó en contra de la ley aprobada bajo el mandato del socialista José Luis Rodríguez Zapatero y suscribió en 2005 el recurso de inconstitucionalidad que el TC acaba de rechazar. Según añadió, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, sabe lo que piensa sobre este asunto y «tiene criterio para saber lo que tiene que hacer», si bien recalcó que, como miembro del gabinete, acata la resolución judicial.
"Tribunal politizado"
La posición de Jorge Fernández no es aislada entre las filas del PP. Diversos cargos, entre ellos parlamentarios nacionales, son de su misma opinión e incluso atribuyen a algunos miembros del Gobierno cierta «ambigüedad» e «incoherencia». El presidente de
la Comisión de Empleo y Seguridad Social del Congreso, José Eugenio Azpiroz, llegó a restar «legitimidad» al fallo por considerar que se trata de un «tribunal politizado», a la vez que avisó, en declaraciones a Ep, de que la decisión del Gobierno de mantener legalmente el término matrimonio para la unión de dos personas del mismo sexo va a encontrarse con la contestación de un sector del partido, por lo que emplazó a «reforzar el matrimonio natural».
El secretario general de la Conferencia Episcopal, Juan Antonio Martínez Camino, aseguró, en un acto organizado por la Fundación Rafael del Pino, que «independientemente de lo que digan los tribunales, los hijos tienen derecho a un padre y a una madre». Asimismo, el obispo de San Sebastián, José Ignacio Munilla, consideró que «hay una falta de fidelidad» a la Carta Magna en la decisión del Tribunal. «Me sorprende comprobar que para que una ley sea constitucional o no resulta que la clave no está en que se ajuste o no al texto sino en que se ajuste o no a lo políticamente correcto», aseguró.
"Una verdadera agresión al matrimonio", dice Reig Pla
"Es una verdadera agresión a lo que es el matrimonio, la unión de un hombre y una mujer", destacó Reig Pla, quien agregó que custodiar el bien de la familia, en particular el de los niños, y el del matrimonio debería estar en la base de todos los programas políticos en España.
En esta misma línea, organizaciones como el Foro de la Familia y HazteOír reclamaron al Gobierno que restablezca el matrimonio como institución específica para el hombre y la mujer. En el caso de HazteOír, ha puesto en marcha ya la campaña «Yo no lo llamo matrimonio».
Pasar página
Frente a estas posturas, buena parte de los dirigentes populares son de la opinión de que, una vez que el Constitucional se ha pronunciado, se debe acatar la sentencia y pasar página. Entre ellos figura el ministro de Educación, José Ignacio Wert, quien abogó sin matices por «acatar y aplicar» la resolución. «Las sentencias del TC que acaban con una disputa jurídica sobre la interpretación de la Constitución no tienen más que un comentario, que es el acatamiento», señaló Wert.
El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, manifestó su respeto por la sentencia «con independencia de lo que uno pueda pensar en el fondo» y, en declaraciones a Servimedia, comentó que «hay que acatarla» como cualquier sentencia y que «es evidente que se agota ya la vía judicial».
Mientras, la socialista Elena Valenciano recordó que los populares han tenido siete años para retirar el recurso ante el TC y que, «aparte del recurso, el PP hizo muchas manifestaciones, algunas con obispos, diciendo que se rompía la familia, lo que demuestra que aquí sí que ha habido una batalla ideológica y política y social».















