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España / reformas legislativas

Secretarios judiciales se plantan ante los desahucios

Casi 100.000 familias fueron desalojadas por la fuerza de sus casas en el primer semestre del año

Día 08/11/2012 - 17.44h

El Sisej (Sindicato de Secretarios Judiciales) expresó ayer su «enorme preocupación» ante la «dramática e injusta» situación generada por el imparable aumento de los desahucios.

«Hace más de un año y medio que reclamamos por primera vez la adopción de medidas legislativas que ofrecieran alternativas reales a situaciones profundamente injustas, ante la imposibilidad de muchos deudores de hacer frente al pago de la hipoteca de su vivienda habitual», subrayan en un comunicado.

A día de hoy la situación no ha mejorado, dicen. Al contrario, el desempleo se sitúa ya en un 25 % de la población, «con previsión de que en 2013 llegue a un 27 %». A su juicio, los recortes del Gobierno y la generalización del copago en todos los servicios públicos «generan dificultades entre las capas más desfavorecidas de la población». Critican que el legislador se refiera en sus últimas disposiciones al «mercado de la vivienda» cuando la vivienda es un derecho con rango constitucional, y su garantía para los ciudadanos, «una obligación de los poderes públicos».

En este contexto, el sindicato recuerda que cada día más personas y más familias se encuentran con graves problemas para hacer frente a sus gastos básicos y, singularmente, para responder a la cuota mensual del préstamo hipotecario que en su día suscribieron con una entidad bancaria para acceder a la propiedad de su vivienda habitual.

«En plena burbuja inmobiliaria»

«Como secretarios judiciales, responsables de la ejecución de las resoluciones de los jueces ante el impago de las hipotecas, observamos con indignación cómo familias con menores a su cargo o personas con problemas de movilidad o salud, al tiempo que pierden su hogar, asumen por completo el importe de una deuda generada en plena burbuja inmobiliaria, condenando a estos ciudadanos a una segura exclusión social», dicen.

Aseguran que la sociedad «no puede esperar más una solución». El Código de Buenas Prácticas Bancarias y las demás medidas previstas no han sido la respuesta que la ciudadanía reclamaba, y a los datos nos remitimos: en el segundo trimestre de 2012 han tenido lugar una media de 526 lanzamientos diarios, superando el récord que ya había supuesto la cifra alcanzada en el trimestre precedente en casi 1.500 lanzamientos. Esto supone que casi 95.000 familias han sido desalojadas por la fuerza de su hogar en los seis primeros meses del año.

El sindicato aboga por que se regule la dación en pago de manera que al menos pueda extinguirse la deuda «en los casos más sangrantes», es decir, si la vivienda hipotecada es la habitual y la única de que dispone el deudor y la imposibilidad de pago está acreditada y no responde a su simple voluntad de no pagar. «Junto a ello, también consideramos fundamental la regulación legal urgente de un sistema que permita lograr soluciones pactadas entre las partes».

Conciliación obligada

En este sentido, los secretarios judiciales, «que ya realizamos labores de conciliación en otros procedimientos, podemos asumir sin coste añadido alguno para la ciudadanía estas labores también en el marco de la ejecución hipotecaria». Así, reclaman una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil para que se introduzca «con carácter obligatorio el trámite de conciliación ante el Secretario Judicial».

Y ello, porque el sindicato opina que el establecimiento del trámite obligatorio de conciliación ante los Secretarios Judiciales podría suponer soluciones amistosas entre las partes, como la dación en pago, el alquiler social, la reducción de la deuda o en el importe de las cuotas, o moratorias en el pago, «soluciones que garantizaran el mantenimiento de la vivienda facilitando las condiciones para ambas partes o la entrega de la vivienda con extinción de la obligación».

Los secretarios judiciales concluyen su comunicado asegurando que no descartan «estudiar alguna opción que, dentro de la legalidad a la que nos debemos, nos permita atenuar el daño que se causa diariamente a cientos de ciudadanos».

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