Colin Renfrew «Los Gobiernos recurren a empresas como Odyssey por ignorancia»

Sus actividades en el pecio desde entonces preocupan a la comunidad de arqueólogos británicos, que han repudiado públicamente los vínculos contractuales que, desde hace una década, le unen con el Ministerio de Defensa. Lord Colin Renfrew es un prestigioso arqueólogo de la Universidad de Cambridge y presidente del grupo multipartito sobre Arqueología de la Cámara de los Lores.

En mayo, lanzó una batería de preguntas al Gobierno, preocupado especialmente por la autorización a Odyssey a recuperar dos de los cien cañones de bronce del «Victory», que fueron vendidos por 50.000 libras (61.000 euros) al Museo Nacional de la Marina Real.

« Suena a que un museo nacional está pagando a una empresa privada por unos cañones que son, de hecho, propiedad del Estado» , explica en una entrevista con ABC, recién llegado de realizar excavaciones en la isla de Keros, en las Cícladas griegas.

—¿Por qué los Gobiernos externalizan la gestión del patrimonio subacuático a empresas privadas como Odyssey, por falta de recursos?

—Aunque pueda resultar sorprendente, suele ser una cuestión de ignorancia. El asunto del descubrimiento del HMS «Victory» llegó a la Armada, que forma parte del Ministerio de Defensa, y fueron muy lentos en consultar al Ministerio de Cultura y Patrimonio. A menudo, asuntos relacionados con el patrimonio no son identificados como tales de forma inmediata. Uno pensaría que un hallazgo como el del «Victory», hundido en 1744, sería reconocido rápidamente como tal, aunque solo sea por tener el mismo nombre del que sería más tarde buque insignia del almirate Nelson. Creo que la Armada ha gestionado este asunto de forma poco profesional desde un punto de vista cultural. Han tardado en crear un comité asesor y no han acudido debidamente a especialistas en patrimonio subacuático. Ahora aseguran que no autorizarán nuevas interferencias en el pecio sin el consentimiento de ese comité de expertos.

—¿Se lo cree?

—La cuestión más amplia es el papel de la Marine Heritage Foundation, a la que el Gobierno, de forma sorprendente e inesperada, cedió la gestión del pecio, con algunas salvaguardas. La Maritime Heritage Foundation no está actuando según los principios de la convención de la Unesco para la protección del patrimonio subacuático de 2001, que el Ministerio de Defensa asegura querer cumplir. Y en el meollo de la cuestión estarían las relaciones de esta dudosa fundación con Odyssey.

—¿Por qué aparecen?

—La fundación, que carece de medios para la exploración, les contrata. Según me dicen, el presidente de Odyssey [Mark Gordon] enunció de forma muy clara durante una reunión a finales de septiembre su perspectiva de recuperar monedas de oro del «Victory» por valor de 250 millones de dólares, una carga que, por supuesto, quiere vender. Según sus cálculos, el valor del oro del buque rondaría en realidad los 1.000 millones de dólares. Su intención, en todo caso, es recuperar esas monedas y comercializarlas, algo totalmente contrario a la convención de la Unesco y a las declaraciones del Gobierno sobre este buque.

—¿Qué es la Marine Heritage Foundation?

—Es una fundación tan dudosa como desconocida, y que el Gobierno les haya transferido la gestión del pecio del «Victory» es alucinante. Fue creada por Lord Ringfield [especialista en educación y miembro vitalicio de la Cámara de los Lores] con este objetivo, pero está envuelta en misterio. Todo este asunto discurre de forma demasiado opaca.

—Es un escándalo, ¿no?

—La gota no ha colmado el vaso aún. El Ministerio de Defensa no es consciente del lío en el que se ha metido. Y no se dan cuenta del conflicto de intereses que existe entre su obligación de recuperar la carga del buque para su análisis y conservación y las intenciones de Odyssey, que asegura a sus accionistas haber adquirido algún tipo de derecho para explotar comercialmente la carga del «Victory». Pronto estallará ese conflicto y se generará un gran escándalo.

—¿Se deben limitar las actividades de estos cazatesoros?

—La responsabilidad es del Gobierno británico, que es quien invita a Odyssey o a la fundación a jugar un papel. El Reino Unido, que no es firmante de la convención de 2001, ha declarado formalmente que reconoce las obligaciones del anexo, que prohíbe la explotación comercial del patrimonio subacuático. Un objetivo incompatible con autorizar la comercialización de la carga a una empresa privada.

—En el caso de la «Mercedes» tambiénfue el Ministerio de Exteriores español quien invitó a Odyssey a explorar. ¿Qué deberían hacer los Gobiernos?

—Es sorprendente que el Gobierno británico, y quizás el español también, no se sienten a debatir qué deben hacer con casos como estos para asegurarse de que se realiza una gestión correcta del patrimonio. En el Gobierno británico, este debate tiene lugar dentro del Ministerio de Defensa y lo protagonizan personas que, en mi o pinión, no saben de lo que hablan.

—¿Cómo definiría el papel de empresas como Odyssey?

—Es muy importante entender que el patrimonio histórico subacuático es una parte esencial del patrimonio de la Humanidad, del que tenemos mucho que aprender. El hallazgo del pecio prehistórico de Uluburun, al suroeste de Turquía, en 1982, permitió escribir capítulos nuevos del pasado marino de la Humanidad. Por supuesto, nadie ha hablado de vender parte de ese patrimonio. Sin embargo, los avances tecnológicos permiten ahora encontrar pecios en aguas más profundas y, desafortunadamente, no son los Gobiernos quienes han asumido la tarea de conservar ese patrimonio y explotarlo mediante la construcción de museos. El hueco lo ha ocupado Odyssey, que dispone de capacidades tecnológicas muy avanzadas, guiada claramente por un afán comercial. Tienen asesores arqueológicos competentes, pero entra en colisión directa con la convención de la Unesco. Odyssey quiere que le paguen por sus exploraciones y, obviamente, una forma de pagarles es vendiendo parte de lo recuperado.