Fainé busca una operación corporativa para mantener el control de Caixabank

Según ha podido saber ABC, la razón está en que La Caixa no quiere perder el control de Caixabank, a expensas de lo que pueda ocurrir una vez aprobado el nuevo decreto que regularice a las cajas de ahorros españolas en noviembre, y que podría obligar a las cajas a deshacer sus posiciones mayoritarias en sus bancos. Esto supondría que la entidad catalana tendría que vender cerca de un 12% de Caixabank a un inversor o participar en una operación corporativa que diluya su paquete actual hasta situarlo por debajo del 49%.

Y es que una de las «recetas» financieras que Bruselas impuso el pasado mes de julio a España en el Memorando de Entendimiento (MOU, por sus siglas en inglés) -por el que cedía parte de las competencias que el Estado tiene en materia de supervisión y control a la troika (Comisión Europea, BCE, FMI) y a la Autoridad Bancaria Europea- estaba referida a la figura futura de las cajas.

Según el MOU, estas entidades podrían verse obligadas a deshacer sus posiciones de control en la banca comercial española. En el borrador de julio se dice que España deberá «preparar para finales de noviembre de 2012 una legislación que clarifique el papel de las cajas de ahorros como accionistas de entidades de crédito con la idea de reducir eventualmente sus participaciones a posiciones de no control».

Entre las afectadas está La Caixa, que tendrá que reducir su peso en el capital de Caixabank, banco del que ahora controla el 61% tras la integración con Banca Cívica. Según el MoU, será en esta nueva regulación cuando el Gobierno deba «clarificar el papel que tienen las cajas de ahorros en su calidad de accionistas de los bancos». Según este documento de obligado cumplimento, la recomendación de Bruselas es que la participación de las cajas en sus bancos filiales sea inferior a lo que se estima como nivel de control.

¿Y qué se estimará como tal? Algunos expertos sostienen que se puede entender como la mayoría de al menos el 50,1% del capital. Y es que desde que se conoció el borrador del MoU las cajas españolas dudaban sobre cómo interpretar este punto. Algunas incluso llegaron a pensar que aquellas que no necesitaran ayudas públicas no iban a tener que ceder la mayoría de sus bancos. Otras señalaban que la pérdida de control se haría de manera gradual.

En cualquier caso, de perder la mayoría, La Caixa tendría que situarse por debajo del 50% de Caixabank, lo mismo que le sucedería a Unicaja con su filial que pudiera surgir de llevar a cabo finalmente la fusión con Caja Duero -ahora en «stand by»-, a Ibercaja si sigue con Caja3; y a las tres cajas vascas, que son dueñas de la totalidad de Kutxabank.

De ahí la carrera contra reloj de Fainé desde mediados de septiembre con el objetivo de cerrar una operación corporativa con el Popular. Antes incluso de saberse públicamente los resultados de Oliver Wyman, según afirman a ABC fuentes del mercado.

Los encuentros fueron con diversos protagonistas. Desde con el presidente del Gobierno y el ministro de Economía, pasando por el gobernador del Banco de España y por el propio presidente del Banco Popular. Reuniones sin el éxito deseado . Por un lado, porque la situación financiera de la catalana no permitiría hacerse con el control del Popular tan fácilmente como acudir, si pudiera, a la ampliación de capital por 2.500 millones que hará éste en breve. Y, por otro, porque «políticamente» tendría también sus consecuencias, ya que desde el Gobierno, según fuentes financieras, se le pidió a Fainé que si se le aprobaba la operación, el objetivo sería «españolizar» a la entidad catalana , lo que conllevaría que en el futuro la fundación de La Caixa no dependiera de la Generalitat.

Pero es que incluso Banco Popular descarta dicha operación. De hecho, en el consejo extraordinario del pasado 30 de septiembre anunció que seguiría en solitario con el apoyo de sus accionistas de referencia, a través de una ampliación de capital.