El Gobierno aboga por la transparencia y la regeneración democrática para recuperar la confianza
Sáenz de Santamaría afirma que el Gobierno ha impulsado medidas para atajar la corrupción
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría , ha apostado por mejorar la transparencia en la gestión de los asuntos públicos y por una regeneración democrática para recuperar la confianza perdida de los ciudadanos en los políticos, reflejada en la última encuesta del CIS .
Así se ha pronunciado Sáenz de Santamaría en la sesión de control al Gobierno en el Congreso en respuesta a la portavoz de UPyD, Rosa Díez, que le ha preguntado qué piensa hacer el Gobierno para atajar la corrupción política, la «mayor lacra» de la democracia.
La vicepresidenta ha explicado que el Ejecutivo está actuando en dos vías paralelas, por un lado un proceso de regeneración democrática y por otro la transparencia de la administración , de forma que cualquier ciudadano pueda informarse «de principio a fin» de cualquier licitación, subvención, ayuda o concesión.
En el ámbito de la regeneración democrática, Sáenz de Santamaría ha recordado que ha encargado al Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPCO) que elabore un informe en este sentido. Para atajar la corrupción política, el Gobierno ha impulsado además medidas legales para endurecer la penas de inhabilitación para los políticos corruptos e incluso imponer condenas de prisión para aquellos cargos públicos que falseen las cuentas.
No obstante, no cree prudente presentar a todos los políticos como «sospechosos» y apuesta por expulsar de las instituciones únicamente a los corruptos. «Hay que reprochar en la política lo que se hace mal y dignificar lo que se ha hecho bien y se ha hecho correcto», ha remarcado.
Explicaciones que no han convencido a la líder de UPyD que considera que la Ley de Transparencia, actualmente en trámite parlamentario, se queda «corta» porque los partidos políticos se han quedado fuera de su ámbito de actuación . Díez ha pedido que se excluya a los imputados de las listas electorales y que también sean apartados de las instituciones los cargos públicos imputados.
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