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José Ignacio Wert: «Debemos evitar que haya diecisiete sistemas educativos distintos»

La reforma aprobada el viernes por el Gobierno busca reducir el fracaso escolar y mejorar el rendimiento de los alumnos. No es una norma «ideológica», defiende

Día 25/09/2012 - 20.24h

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José Ignacio Wert Ortega (Madrid, 1950), de antepasados holandeses, bachiller por el Colegio del Pilar, licenciado en Derecho, profesor de Sociología Política, concejal de Madrid, fundador de Demoscopia, comercializador de la publicidad del grupo Prisa, adjunto al presidente del BBVA y finalmente ministro de Educación, Cultura y Deporte, se ha propuesto sacar a España de la segunda división educativa en la que se encuentra. Para ello, considera primordial la aplicación de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), cuyo anteproyecto aprobó el viernes el Consejo de Ministros.

-¿Cuáles son los objetivos de la LOMCE?

-El primero está claro. La reducción del abandono escolar temprano. El segundo es mejorar el rendimiento por la parte superior de la escala, es decir, aumentar la proporción de alumnos excelentes. Al final, donde se sitúa un país en la escala de valor de la economía del conocimiento depende de la cantidad y de la calidad del talento formado. Por eso me choca mucho cuando hay gente que, sin conocerla, y en todo caso como consecuencia de un prejuicio, hablan de una reforma ideológica. Creo que si alguna objeción no se le puede hacer a esta reforma es que sea ideológica.

-¿Qué pretende con «adelantar las vías», lo que algunos denuncian como una manera de segregar demasiado pronto a los alumnos?

El sistema actual es uniforme prácticamente hasta los 16 años. La comparativa internacional muestra que esto tiene que ver mucho con el abandono escolar temprano. Hay una parte de los estudiantes que por razones de aptitud, de disposición, etc., no diría tanto de capacidad como de disposición intelectual, en esta vía única acaban desconectando. El sistema actual lleva a que tengamos una tasa de incorporación al sistema de Formación Profesional (FP) que está muy por debajo de los países con economías similares a las nuestras. Y que tiene mucho que ver también con el elevadísimo grado de paro juvenil en nuestro país. La parte obligatoria de educación actual no capacita mínimamente para insertarse en el mercado laboral.

-La reforma se interpreta como que el Estado recupera el control de los contenidos de la asignaturas, ahora en cierta medida en manos de las autonomías. ¿Está de acuerdo?

-Hemos sido muy respetuosos con el ámbito competencial de la legislación básica. Si alguien piensa que hay una invasión competencial, está la vía del Tribunal Constitucional. Pero nosotros entendemos que hay un escrupuloso respeto al marco competencial de las comunidades autónomas. Entendemos que es perfectamente legítimo que la legislación básica incluya el elemento del carácter nacional de la evaluación, de los exámenes externos y estandarizados, porque es la única manera de que todos realmente sepamos dónde está cada uno y seamos capaces de identificar las fortalezas y las debilidades, y sobre todo seamos capaces de evitar que el sistema derive hacia diecisiete sistemas educativos, con implicaciones sociales y económicas muy importantes. No parece razonable que el hecho de que la gestión esté transferida a las comunidades autónomas desemboque en situaciones como que la inversión educativa por alumno sea el doble en una comunidad que en otra. Cuando estamos hablando de una inversión doble, hay que hacerse alguna pregunta de más calado.

-¿Volvemos a las reválidas de la época de Franco?

-Todos los sistemas educativos exitosos tienen sistemas de evaluación externa y estandarizada, con un grado suficiente de homogeneidad para permitir que el rendimiento del país en su conjunto se conozca y sea transparente, pero no menos importante es que se conocozca el rendimiento de las partes, algo que hoy solo intuimos de forma muy parcial a través de PISA.

-¿Qué es la Formación Profesional Básica?

-Hemos tenido una especie de parche de recogida de alumnos que a la altura de primero de la ESO, en fin..., no se sabía qué hacer con ellos, por decirlo con claridad. Son los Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI). Pero no han cubierto la necesidad que trataban de cubrir o la han cubierto deficientemente porque la derivación hacia los mismos era claramente tardía y porque no cubrían objetivos verdaderos de FP. Un chico que se titula en esta FP Básica ya no será estadísticamente parte del fracaso escolar, y por otro lado, tiene la posibilidad de incorporarse a la FP de más alcance a través de la FP de Grado Medio. En definitiva, una orientación básica de la reforma es crear vías alternativas de mantenimiento en el sistema que al final reduzcan la tasa de abandono escolar temprano. Pero no por jugar con las estadísticas. Es un drama social que una cuarta parte abandone el sistema educativo, con un equipamiento insuficiente para insertarse laboralmente de una forma digna.

-¿Habrá traslados de profesores?

-Es evidente que la planificación educativa a veces tiene unas exigencias de movilidad y no se puede confundir el derecho que estatutariamente acompaña al funcionario a la inamovilidad con el derecho a la inmovilidad. Es decir, yo creo que, en condiciones respetuosas con los intereses de los funcionarios, hay que introducir también en esto flexibilidad y eficiencia. Sin perjudicar a nadie, como es natural, pero atendiendo a los cambios que hay en las necesidades de profesorado.

-¿Sí a la educación diferenciada, o segregada por sexos y favorecedora del Opus Dei según sus detractores?

-Legislaciones como la francesa, la inglesa, la estadounidense no solo acogen la educación diferenciada, sino que incluso permiten la existencia de centros públicos que imparten educación diferenciada. Hay una convención de la Unesco que lo dice taxativamente: no es una opción discriminatoria siempre y cuando se oferte en las mismas condiciones a los dos sexos. Entonces lo que sí es una discriminación es excluirla del sostenimiento público, del sistema de conciertos.

-¿No tendría que haber desaparecido Educación para la Ciudadanía?

-Con Educación para la Ciudadanía se va a cumplir exactamente lo que decía el programa del Partido Popular. Eliminarla de la Primaria, volver en el Bachillerato a la Ética y la Filosofía, que es donde estarán algunos de los contenidos, e introducir la Educación Cívica y Constitucional en la ESO, con un contenido que refleja el conocimiento de la parte dogmática y la parte orgánica de la Constitución, y también del sistema político.

-No solo los profesores de la pública: también los representantes y los profesores de la enseñanza concertada también están muy enfadados...

-Para mí es cualquier cosa menos un plato de gusto tener que administrar unos recursos escasos. Ante esta situación, caben dos actitudes: mantenerse en una protesta sin alternativas, una protesta por la protesta, y otra, arrimar el hombro. La enseñanza concertada ha resuelto una situación de garantizar la universalización de la cobertura en la educación obligatoria y gratuita en España en situaciones en que la oferta pública no podía atenderla, hacerlo en condiciones de eficiencia económica muy considerable y también hay que decir que la enseñanza concertada está arrimando el hombro. Yo entiendo perfectamente sus reivindicaciones. En general creo que hay una actitud de cooperación. Como también lo hay, en general, en la enseñanza pública. A veces nos dejamos confundir. Intentamos valorar la situación del sector a partir del ruido visible que se pueda ver en la calle en un determinado momento. Ha empezado el curso con normalidad, y la actitud que he encontrado en los muchos profesores es evidentemente preocupada, pero al mismo tiempo profundamente comprometida con sacar la situación adelante.

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