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«No hemos hecho nada malo, solo queríamos pedir la libertad de un enfermo que está en la cárcel, para que pueda estar con su familia». Los cuatro acusados de colocar carteles con fotos de presos de ETA en una céntrica plaza del municipio de Basauri, en Vizcaya, durante las fiestas de octubre del pasado año, han reconocido los hechos durante el juicio oral celebrado en la Audiencia Nacional y han defendido que ello no constituye un delito de enaltecimiento del terrorismo, como apunta la Fiscalía, sino un acto de «reivindicación de derechos reconocidos en la ley».
Irene Rodero, Serafina Rey, Begoña Garro y Juan López llegaron a las dependencias de la Audiencia Nacional acompañados de una docena de familiares y amigos, que estuvieron presentes durante el juicio. Los cuatro superan los 55 años y no tienen antecedentes penales. El fiscal Marcelo Azcárraga ha pedido para ellos un año de prisión e inhabilitación absoluta por ocho años.
Los acusados han defendido durante su declaración, en la que sólo han respondido a preguntas del letrado que los representa, que su intención no era «enaltecer nada ni a nadie», y han sostenido que los carteles que colocaban tenían como objetivo pedir la libertad del preso etarra «Txus» Martín Hernando, que padece un trastorno mental grave.
«Presos políticos»
Según el testigo protegido, que declaró desde el País Vasco mediante videoconferencia, los cuatro acusados fijaron los carteles en la plaza de San Fausto valiéndose de un escobón y cola. Algunos de estos carteles mostraban la fotografía de «Txus» Martín y de otros presos —a los que se referían como «presos políticos»—, y otros tenían consignas como «los presos vascos al País Vasco».
Después se marcharon calle abajo y el testigo llamó a los agentes de la Ertzaintza. Cuando éstos llegaron, el testigo les facilitó una descripción de los cuatro sujetos a los que había visto colocando los carteles, y los agentes los encontraron en las cercanías de la plaza fijando otros carteles, esta vez con cinta adhesiva, en la marquesina de un autobús. Durante la vista oral, el testigo ha reconocido a dos de los acusados, Serafina Rey y Juan López, mientras que dudó de las otras dos mujeres.
Pese a que no quisieron responder a las preguntas que les planteó el fiscal, éste les mostró los carteles que presuntamente colocaron en la plaza, y tras observarlos, ninguno quiso indicar cuál de ellos admitían haber colgado. Azcárraga preguntó a Juan López si conocía la enfermedad del preso Txus Martín, y éste dijo no saber qué padece, tras añadir rápidamente que no iba a responder a ninguna cuestión.
El fiscal ha apuntado que «la estrategia de defensa de no vincular a los detenidos con todos los carteles» implica que dichos carteles han de ser considerados como constitutivos de un delito de enaltecimiento del terrorismo, y consideró que la identificación por parte del testigo de dos de los acusados es una «prueba de cargo suficiente». Además, ha incidido en que los detenidos, al no querer someterse a sus preguntas, han acabado por no dejar claro qué características tenían los carteles que sí admiten haber colgado y que, en todo caso, cualquier de estos carteles «es una humillación a las víctimas».
