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La negativa de cuatro de los seis sindicatos con representación en el comité de empresa de Radio Televisión Valenciana (RTVV) a aceptar la última propuesta para el Expediente de Regulación de Empleo (ERE), en la que la mercantil pública mantenía su compromiso de reducir en doscientas personas el número de afectados inicialmente previstos, propició que la dirección del ente diera ayer por finalizado sin acuerdo el periodo de consultas tras un mes de conversaciones infructuosas.
Así, RTVV recupera con matices los términos iniciales que había planteado el pasado 18 de julio cuando el consejo de administración aprobó el ERE diseñado junto a la consultura PriceWaterhouseCoopers. Finalmente, el número de despidos se elevará a 1.198, en lugar de los 1.095 que había propuesto en última instancia la dirección durante las negocaciones mantenidas hasta última hora del pasado jueves y que se retomaron ayer.
De esa forma, la plantilla del ente público pasará de los 1.695 efectivos actuales a 480, lo que supondrá un ahorro en costes salariales por importe de cincuenta millones de euros.
La única rebaja que se aplicará en el salario será la derivada de la supresión de la paga extra de Navidad decretada por el Gobierno, equivalente al siete por ciento de la remuneración anual.
Una parte importante de los despidos se concentrará el próximo mes de septiembre y el resto se concretará de forma escalonada por un periodo de un año.
El enroque de las centrales sindicales generó un enorme malestar en la plantilla -que ayer secundó de forma mayoritaria la segunda de las seis jornadas de huelga convocadas para el mes de agosto- toda vez que se podían haber salvado 120 empleos en el caso de haber aceptado la última oferta de la dirección, a pesar de que la empresa optó en el último instante por retirar de su propuesta la reducción del ocho por ciento del salario.
Sin embargo, la mayoría del comité, salvo los sindicatos CSI-F y USO, entendió que la supresión adicional del «plus convenio» que corresponde a cada trabajador suponía un recorte salarial equiparable al citado ocho por ciento.
Intersindical y la CGT se mostraron como las centrales más beligerantes, junto a Comisiones Obreras. UGT, que de acuerdo con fuentes conocedoras del proceso se inclinaba por dar el visto bueno a la oferta de la empresa, optó finalmente por no romper la unidad con el otro sindicato de clase en una compañía de la carga simbólica de RTVV.
Los sindicatos plantearon una contraoferta en la que se sustituían los despidos por bajas voluntarias y prejubilaciones, que fue rechazada por la dirección al considerarla inviable
Discusión sobre los plazos
Ante la ausencia de una mayoria que facilitara el acuerdo -se requerían al menos doce de los veintitrés votos de los representantes del comité de empresa- la dirección del ente tenía previsto remitir anoche al consejo de administración la convocatoria para el próximo martes, cuando se someterá a votación al ERE para, una vez aprobado, remitirlo a la Dirección General de Trabajo.
El comité de empresa acusó a la dirección de romper «unilateralmente» las negociaciones y anunció que estudia recurrir a los tribunales. Sin embargo, fuentes de la empresa explicaron a ABC que los plazos se han ceñido escrupulosamente al contenido de la última reforma laboral, que con el objetivo de no demorar los expedientes fija un tope máximo de treinta días naturales para el proceso de consultas, que comenzó el mismo 18 de julio con la aprobación del ERE por parte del consejo de administración.
Los sindicatos, por su parte, consideran que el plazo finalizaba el próximo 23 de agosto. La empresa se exponía a una impugnación del proceso por defecto de forma en el caso de haber superado el límite legal. Una circustancia que ya han alegado los representates sindicales en otros expedientes tramitados desde la entrada en vigor de la reforma laboral.
La vía judicial
Las centrales, que ayer trataron de retardar el proceso para la convocatoria del consejo de administración demorando la firma de las actas del periodo de consultas, también están por la labor de recurrir a la vía judicial contra los despidos una vez la autoridad laboral otorgue su visto bueno al ERE.
