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El Ministerio de Sanidad ha presentado el listado definitivo de los 417 medicamentos que a partir del 1 de septiembre se quedarán sin subvención pública y pasarán a ser abonados en su totalidad por los pacientes ya sean activos, parados o jubilados.
La mayoría son medicamentos obsoletos o utilizados para tratar síntomas menores. Además, 273 del total de fármacos no superan los cuatro euros. Aún así, Sanidad ha incluido excepciones para los enfermos crónicos.
Las reacciones respecto a la publicación del listado definitivo no se han hecho esperar.
«La medida en sí nos parece bien y ha formado parte de nuestras propuestas para liberar recursos públicos en aquello que es más banal y poder dedicarlo para lo que necesita», señala Fernando Redondo Montoro, presidente de la Federación Empresarial de Farmaceúticos Españoles (FEFE). «Se trata de medicamentos para patologías menores, de uso común, que no forman parte del Estado de Bienestar sino del arsenal terapéutico de la población para mejorar ciertos síntomas», añade. «Teniendo en cuenta que faltan recursos para patologías graves es una medida que viene a sumar algo».
Pero Redondo también califica la medida de «imprecisa y con escaso rango normativo». «Para cualquier ley, la Unión Europea exige una memoria económica de impacto y la administración evalúa dicho impacto en la propia administración sin tener en cuenta los laboratorios o los pacientes», señala.
Redondo Montoro también advierte sobre la posible desviación de las prescripciones. Si bien Sanidad ha elaborado la lista excluyendo grupos terapeúticos enteros para evitar el «desplazamiento» hacia otros fármacos que aún mantienen la subvención, Redondo advierte de que puede haber casos en los que exista alguna molécula no incluida en un grupo determinado pero con la misma finalidad terapéutica provocando finalmente «el peligro en el desvío de la prescripción».
En este sentido, también se ha pronunciado el consejero de Salud del gobierno catalán, Boi Ruiz, advirtiendo de que la exclusión de algunos medicamentos de la subvención pública puede provocar un «efecto corrimiento» a alternativas de coste superior, lo que, según ha indicado, podría acabar incrementando el gasto sanitario. «Hemos de velar para que no salga más caro y que no haya efecto de traslación, que se puede dar» advirtió Ruiz.
Redondo Montoro, por su parte, pese a señalar la misma cuestión, avala la medida por considerar necesaria la financiación en «otros medicamentos más avanzados» y no en aquellos que «siendo útiles para el Sistema Nacional de Salud no requieren subvención pública».
«El problema de esta medida ha sido que no ha atendido a las alegaciones que la industria, los pacientes y los farmaceúticos han hecho», lamenta. En todo caso, los más perjudicados son, a su juicio, «los laboratorios pequeños y los pacientes con síndromes como el de Crohn (patología intestinal) que necesitan antiácidos que ahora no les financiarán y se trata una patología aguda no menor», apunta.
Financiación e indicación
Por su parte, Albert Jovell presidente del Foro Español de Pacientes de la Universidad Autónoma de Barcelona, «es importante diferenciar entre la financiación y la indicación; la gente piensa que van juntas y no es lo mismo. Un médico puede indicar "voltaren" que ya no se financia pero ello no significa que el profesional pueda dejar de vigilar a su paciente. Si el paciente se lo compra por su cuenta y no se supervisa se podría provocar, por ejemplo, una hemorragia», explica. «En definitiva, se trata de que haya una supervisión, el uso crónico puede ser peligroso», añade.
En cuanto a la medida en sí considera que al habérsele quitado la subvención a fármacos baratos, «la diferencia de precio no es tan grande», señala Jovell. «Eso sí, en familias que no compran pan porque la barra vale un euro tiene su importancia», añade.«Hay que evitar que este tipo de medidas afecten a los más vulnerables como aquellos que padecen, por ejemplo, reflujo gastroesofágico y que necesita "Almax"», añadió.
Medida de ahorro
Respecto a si la medida conseguirá finalmente el ahorro de 450 millones de euros previstos por el Gobierno, para Jovell, «la prescripción individual no supondrá más ahorro aunque en volumen total es probable que sí». De todas formas, «el ministerio toma medidas sin presentar balances, no explican los cálculos, son muy intuitivos en un territorio riguroso», señala.
«Ante estas medidas ya se sabe cómo responde la población: el que lo puede pagar lo hace y el que no abandona el tratamiento. Hay que tener mucho cuidado y vigilar a los que lo pueden abandonar porque luego nos los encontramos en urgencias con cuadros más graves y el ahorro de una lado se pierde por otro», afirma Jovell
Sí a la medida pero con matices
Quienes han puesto menos objeciones a la medida han sido la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC) y la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN) que se han mostrado conformes con la lista de fármacos a financiar por el paciente.
Sin embargo, uno de los miembros del Consejo Asesor de semFYC, el doctor José María Molero, ha demandado ampliar las excepciones. De esta forma, Molero ha asegurado a EP que la lista les parece «correcta», ya que todo aquello que no aporta nada científicamente probado «no debería suponer un coste para el sistema». Y es que, un elevado porcentaje de los medicamentos retirados «están considerados de utilidad terapéutica baja e, incluso, alguno de ellos nula», manifiesta. Para Molero «hay que priorizar y financiar aquellos fármacos que han demostrado que mejoran o curan determinados procesos». Por ello, considera que la medida efectuada por el Gobierno «no va suponer una pérdida para médicos y pacientes».
El representante de semFYC ha lamentado que no se hayan ampliado más las 97 excepciones que contempla el texto emitido por el Ministerio de Sanidad. A su juicio, en algunos pacientes que no están contemplados como excepciones, determinados medicamentos «tienen una utilidad terapéutica para calmar los síntomas». Por ejemplo los digestivos.. «En estos casos sí podría ser útil durante un periodo de tiempo un laxante o un "Almax"», asegura a la vez que concreta que se deberían tener más en cuenta dentro de los casos excepcionales «los antidiarreicos, los antiextreñimiento y los antiácidos». De este modo, significa que «se tenían que haber ampliado las patologías en las que el médico podría haber utilizado las excepciones», ya que los casos excepcionales «hacen referencia únicamente a la enfermedad inflamatoria intestinal».
Además, Molero asegura que todos los medicamentos «deben revisarse periódicamente para revisar su utilidad o no para el paciente».
Por otro lado, la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN) ya se mostró de acuerdo con la mayor parte del listado de medicamentos que van a dejar de estar financiados, pero reclamaron que para su dispensación en las farmacias siga siendo necesaria la supervisión y prescripción de un médico. Así, consideran que se podrían respetar las indicaciones de cada uno de ellos y se evitaría la automedicación. Además, subrayaron que también es imprescindible que en algunas dolencias concretas, en las que se ha demostrado su eficacia, el fármaco desfinanciado pueda prescribirse con cargo al SNS.
