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El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha prohibido la manifestación convocada este sábado en Bilbao por la plataforma Herrira en apoyo del preso etarra Jesús María Uribetxeberria Bolinaga al entender que tiene como objetivo ensalzar al preso etarra «alabando, amparando o justificando las actividades por él cometidas y por las que fue condenado, ensalzando además la lucha armada».
El magistrado ha adoptado esta decisión a petición de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y con el visto bueno de la Fiscalía. Uribetxeberria, condenado por el secuestro de José Antonio Ortega Lara, está en huelga de hambre desde hace diez días para solicitar su excarcelación por lo avanzado del cáncer que sufre.
Para tomar su decisión el juez se basa en un informe en el que la Policía Autónoma Vasca pone de manifiesto que el fin de la convocatoria es «enaltecer a un preso de la banda terrorista ETA». Con este informe sobre la mesa también la Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitó a Pedraz la prohibición del acto.
En el auto dictado este viernes, el magistrado insta al Gobierno vasco a que «adopte las medidas necesarias» para evitar que la manifestación se lleve a cabo y que se cometan «actos que entrañen enaltecimiento a personas u organizaciones terroristas, justificación de las mismas y humillación, descrédito o menosprecio a sus víctimas».
Desde que Uribetxeberria se declaró en huelga de hambre son varias las concentraciones y manifestaciones que se han permitido cada día y en las que el objetivo es el mismo: pedir la libertad del carcelero de Ortega Lara.
Este mismo viernes, la plataforma Herrira, creada por la izquierda abertzale para centralizar las reivindicaciones de los presos, ha convocado una marcha para el próximo viernes en Bilbao, coincidiendo con el Día Grande de las fiestas de la capital vizcaína.
Por otro lado, Pedraz ha accedido en una providencia a la petición de la Fiscalía de solicitar un informe forense en el que se detalle el estado de salud del preso para determinar si puede ser tratado por los servicios penitenciarios hospitalarios.
Pedraz solicita además a la cárcel y a los servicios centrales penitenciarios que informen sobre el tratamiento que el condenado está recibiendo en la actualidad, así como su capacidad para «tratar adecuadamente este tipo de dolencias».
