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Día 14/08/2012
La Consejería de Sanidad prevé reubicar a 371 médicos y enfermeras de zonas menos pobladas a lugares donde se necesitan mayor numero de profesionales con el fin de «reequlibrar las cargas asistenciales» y «adaptar los recursos a la realidad demográfica». Esta es la cifra que los sindicatos pudieron conocer ayer de manos del gerente regional de Salud, Eduardo García Prieto, en la Mesa Sectorial de Sanidad. Supone además que la Consejería tiene previsto trasladar a un centenar más de profesionales de los pensados inicialmente cuando el pasado mes de abril el consejero comparecía en la Comisión de Sanidad -entonces se hablaba de 194-. No obstante, esta cifra es aún modificable porque todo dependerá de los movimientos de población que se vayan percibiendo, así como de posibles nuevos ajustes.
De momento, lo que sí es seguro es que en una primera fase, que la Consejería prevé tener concluida antes del próximo mes de enero -con el fin de que los planillos de 2013 se pueda elaborar con las nuevas plantillas-, es la reubicación de 49 enfermeras y 81 médicos (doce que se moverán a otras áreas básicas de salud diferentes y 68 dentro de la misma), medida que los sindicatos criticaron ayer por «precipitada». Los otros 241 profesionales se movilizarían en una segunda fase.
Según detalló ayer García Prieto, para esta primera fase se ha creado un grupo técnico de trabajo formado por miembros de la Dirección De Recursos Humanos y sindicatos que deberán negociar sobre cómo se lleva a cabo la reestructuración, es decir, qué persona es la que se debe marchar de una zona a otra y cómo se debe elegir. En este aspecto los sindicatos son rotundos. «Se debe primar el carácter voluntario», dicen. Sin embargo, para el responsable sanitario este criterio podría llevar a algún «problema» desde el punto de vista administrativo y -añade- «como consecuencia traernos alguna reclamación judicial que paralizase todo el proceso».
Éste será uno de los puntos que tendrán que negociar antes de que concluya agosto. Las otras alegaciones presentadas por los profesionales tienen que ver con la forma en que se han llevado a cabo la distribución por demarcaciones asistenciales. «Para las enfermeras no es un criterio adecuado tener sólo en cuenta las tarjetas sanitarias porque nuestro trabajo dentro de los centros de salud, sobre todo en el medio rural, se basa fundamentalmente en la realización de visitas a domicilios o residencias de ancianos, además de los programas de salud en las escuelas. Con lo que están haciendo, entendemos que vamos a estar más tiempo en el coche que en la consulta atendiendo a los enfermos», critica la secretaria regional de Satse, Silvia Sáez.
Por su parte, García Prieto quiso dejar claro que con la nueva reestructuración «en ningún pueblo corre peligro la asistencia». También tuvo palabras tranquilizadoras para los profesionales, quienes creen que a partir de septiembre u octubre se podría aplicar la anulación de un 15% del personal interino: «En estos momentos ningún médico ni ninguna enfermera tienen en peligro su puesto de trabajo». No obstante, tanto desde UGT como USAE (auxiliares de enfermería) temen además que este plan conlleve una amortización de plazas.
