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La crisis económica que viven los astilleros gallegos, estimulada por la suspensión del sistema de bonificación fiscal, el conocido como «tax lease» desde el pasado mes de junio de 2011; junto al fenómeno de la deslocalización, con el desplazamiento de gran parte de la industria a zonas de bajo coste en Asia, parecen ser razones suficientes para que Bruselas haya dado un paso al frente.
Consciente de las consecuencias que esta situación hace pesar sobre los trabajadores del sector naval -la destrucción de empleo supera ya el 33 por ciento a nivel nacional-, la propuesta de la Comisión Europea de aportar dos millones de euros al Fondo de Adaptación a la Globalización (FEAG) es el último clavo ardiendo al que pueden sujetarse las autoridades españolas.
La sangría en cifra de negocio supera solo en Vigo los 2.000 millones en el último año
Mazazo al «tax lease»
Una decisión que el sector ha valorado positivamente, tal y como han confirmado a ABC, aunque no olvida el último varapalo de Bruselas, que no ahorra en excusas para dilatar la puesta en marcha del «tax lease» alternativo que el pasado mes de mayo ya se daba por hecha. Comenzaba agosto y el balón volvía a desinflarse, Competencia, con el comisario europeo Joaquín Almunia a la cabeza, vuelve a la carga cuestionando que la propuesta española se limite al naval y quiere saber si el sistema se extenderá a otros sectores; extremo que supondría un fuerte agujero en las arcas estatales. El ministro de Industria, José Manuel Soria, sale al paso. No se opone a que sea aplicable a empresas de todos los tamaños, sin limitación, y a asociaciones de interés económico que se constituyan como sociedades instrumentales, y deja caer la falta de objeción por parte de Hacienda.
Mientras, el naval suma ya catorce meses sin «tax lease» y el sector califica este año como el más complicado de las últimas tres décadas. La sangría en cifras de negocio supera, solo en los astilleros olívicos, los 2.000 millones de euros en pérdidas, más de 8.000 puestos de trabajo y 200 empresas auxiliares que se han visto abocadas al cierre.
En el comunicado emitido ayer por la Comisión Europea se apunta a una escala negativa común a todos los niveles. Si bien, de los datos se desprende que la delicada coyuntura económica, a la que se suman factores de otra índole, como la suspensión de la citada bonificación fiscal, ha azotado con mayor virulencia a la industria gallega. Tomando los últimos datos oficiales como referencia, a septiembre de 2011, la construcción naval revelaba un desplome del 73,18 por ciento en su comparativa con el ejercicio precedente. Números que tenían reacción directa sobre la mano de obra con una reducción superior al 30% en los últimos tres años. Si en 2008 contaba con 10.000 trabajadores en activo -entre directos e indirectos-, a finales de 2011 estos no superaban los 7.000; idéntico número al de empresas auxiliares cerradas en la región gallega desde que comenzó la crisis. Una tendencia a la baja que sigue engrosando la nómina de parados en la actualidad, con cuatro de cada diez empleos destruidos, la mayoría en la ría de Vigo que concentra casi el 50 por ciento de los astilleros privados de España.
A nivel europeo el balance no es más alentador. Según la CE, en tan solo un año el sector registró caídas del 6,9 por ciento, situando en 23 puntos el porcentaje de destrucción de empleo.
