Las facturas impagadas ponen en jaque el control de gasto de Caballero en Vigo

Una nueva factura impagada por valor de 40.712,95 euros se añade a la larga lista de reconocimientos extrajudiciales de crédito desvelados, a cuentagotas, por el gobierno socialista de Vigo desde que el pasado mes de junio, con el apoyo del BNG, lograra sacar adelante las cuentas municipales. Un hecho que vuelve a dar la razón al PP cuando acusa al equipo de Abel Caballero de «tener facturas escondidas en el cajón», o lo que es lo mismo, sin pagar ni cuantificar en los presupuestos en curso.

De este último caso vuelven a llamar la atención las fechas. Así, la deuda se corresponde con una obra ejecutada en 2009 cuando la empresa acreedora, una vez finalizada la humanización en Tomás Alonso, entre Pi y Margall y la Plaza de Eugenio Fadrique, acometió las redes semafóricas y eléctricas. Un servicio que tres años después sigue sin cobrar, pese a las innumerables ocasiones en las que el regidor olívico ha alardeado de una «solvente tesorería»; la misma que le sirvió de baza para no adherirse al plan de pago a proveedores del Ejecutivo central.

Cabe recordar a su vez que tan solo a quince días de aprobado el documento económico, éste fue modificado para pagar 2,8 millones de euros adicionales que, tal y como indicó el interventor municipal en su informe carecían de motivo aparente que justificase no haberlos incorporado antes en las cuentas. Partidas, sin cobertura presupuestaria, que el equipo de Caballero obvió en la relación remitida al Gobierno central y que vuelven a poner en jaque el control de gasto municipal por parte del gobierno socialista.

Bajo la sospecha declarada de los populares vigueses de que esta no será la última factura que se recupere del «cajón» antes de finalizar el ejercicio, tal y como desveló ABC, los presupuestos de este año recogen hasta 4.230.312 euros en facturas aplazadas, correspondientes a la anterior legislatura de socialistas y nacionalistas. Reconocimientos extrajudiciales de deuda achacables a la sociedad bipartita, de los que 1.657.619 (39,1%) corresponden a las áreas gobernadas por el PSOE; 2.572.693 (60,81%) a las del BNG.

En su último informe, al que ha tenido acceso este diario, el interventor advierte de manera explícita y clara, que estas actuaciones solo pueden desencadenar «irregularidades que concluyen en una nulidad absoluta, como es el caso del expediente -se refiere a la última deuda de 40.712,95 euros- que se está tramitando», cuya extinción, aclara, «se hará por la vía de la indemnización» pudiendo, como caso excepcional, imputar el gasto al presupuesto corriente, mediante la tramitación de un nuevo expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito.

Una muestra más, a juicio del PP, del desgobierno de quien «no le preocupa la crisis ni la situación de muchas familias».