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Desmanes a fin de cuentas, como la continuidad de la policía canaria o el incremento del presupuesto de la televisión autonómica
Día 04/08/2012 - 15.06h
SI aquellos que han sido elegidos por los ciudadanos para solucionar sus problemas se convierten en un problema, tenemos un serio problema. Y ese es el paisaje que contemplamos cada mañana al asomarnos a la ventana de la actualidad, con el agravante de que no se advierte una alternativa real. De Guatemala a guatepeor, de guatepeor a Guatemala, parece ser nuestro triste sino con perdón de los queridos guatemaltecos, que ninguna culpa tienen.
Si a la pifia mayúscula del euro (jamás reconocida, pero más que evidente) le sumamos la desastrosa gestión estatal en materia de diversificación económica y supervisión del sistema financiero, por citar dos ejemplos en los que confluyen colores partidistas varios, y le añadimos el despilfarro provinciano de autonomías y ayuntamientos, podemos concluir que la clase política ha fracasado en su conjunto hasta el extremo de convertirse no sólo en un problema sino, más correctamente, en el problema.
Surge, entonces, la primera pregunta: ¿en qué medida ha influido el elevado número de administraciones en la penosa situación que atraviesa, por ejemplo, una región como Canarias? Y, seguidamente, un enunciado que deriva en una segunda disquisición: dando por sentado que el objetivo de cualquier administración pasa por favorecer el bienestar de los ciudadanos, ¿hemos obtenido algún beneficio con la creación, hace tres décadas, de la Comunidad Autónoma, que no hubiéramos logrado sin su existencia? Evidentemente, partimos de una reductio ad absurdum, habida cuenta que resulta imposible saber en qué situación nos encontraríamos si los iluminados, y excesivamente laureados, padres de la Constitución no hubieran pergeñado este doble Estado que, de facto, padecemos. No obstante, el mero hecho de que contemos con argumentos sobrados para plantearnos tales cuestiones acerca de la administración más joven, máxime tras corroborar que buena parte del triste panorama del país se halla directamente relacionado con ella, convierte tales premisas en un argumentum ad consequentiam y permite calificar de notorio descalabro lo que se antojaba el súmmum de los sistemas políticos.
Con todo, lo más censurable, y que permite echar más leña, si cabe, al fuego de la duda ciudadana, es ese absurdo empecinamiento en no asumir los errores cometidos sino, muy al contrario, abundar en ellos. La culpa es del otro, repiten hasta la saciedad los diferentes actores del poder regional mientras señalan con el dedo lo más lejos posible, una postura que, aparte de perseguir la exculpación a ojos del prójimo, otorga patente de corso para seguir cometiendo algún que otro desmán. Menos suntuosos, más comedidos, pero desmanes a fin de cuentas, como la continuidad de la policía canaria o el incremento del presupuesto de la televisión autonómica. El problema, desgraciadamente, ha decidido echar raíces.
