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El Consejo de Ministros aprobó en diciembre de 2011 la supresión del canon digital. El Gobierno aseguró que lo sustituiría por una «compensación equitativa» por copia privada a cargo de los Presupuestos Generales del Estado. Hasta entonces eran las empresas tecnológicas, y no los ciudadanos, las que debían remunerar a los autores por el derecho que tienen los usuarios a realizar copias privadas de sus obras.
El nuevo sistema contempla el pago del canon a través de los PGE
SGAE, AISGE, EGEDA, Dama, AIE, Vegap y AGEDI alertan también de que el nuevo sistema «perjudica a los contribuyentes al fijar el canon a cargo de los Presupuestos Generales del Estado». Lo que significa que el pago de la copia privada recae sobre todos los españoles, compren o no equipos para reproducir obras protegidas. Además, la compensación que ofreció el PP fue de 5 millones de euros anuales, frente a los 115 que contemplaba la anterior legislación.
El nuevo sistema de compensación genera, según los denunciantes, varios problemas: incumple la directiva europea, que consagra la compensación por copia privada a los autores, afecta al mercado interior y a la competencia en el mercado único, y no cuenta con la opinión de los creadores, aspectos que «perjudican gravemente el desarrollo del sector cultural, que constituye cerca del 4% del PIB», recuerdan.
