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Cuatro penas capitales, dos cadenas perpetuas y condenas entre los 25 y los diez años de prisión son el resultado del juicio por el «mayor escándalo bancario de la historia de la república islámica», tal y como lo definen los medios iraníes. 39 acusados esperaban sentencia en un proceso que se abrió el pasado 18 de febrero en el que se les acusaba de apropiarse de forma ilícita de 2.600 millones de dólares, un juicio que ha hecho temblar los cimientos económicos y políticos.
De momento no han trascendido las identidades de las personas sentenciadas, los medios iraníes solo citan sus iniciales y sus rostros no parecen en televisión, pero muchos sitúan a varios colaboradores muy cercanos al presidente Mahmoud Ahmadineyad entre ellos. La sentencia se produce en medio de un país azotado por los efectos que las sanciones internacionales y el embargo a su petróleo están teniendo en la economía local y el las autoridades tratan de reafirmar su intención de luchar contra la corrupción.
El escándalo salió a la luz en septiembre y su primera víctima fue Mahmoud Reza Javari, director general del Banco Melli, el mayor banco público del país. Javari presentó su dimisión e inmediatamente se fugó a Canadá huyendo de la justicia iraní, que ahora pide colaboración a Interpol para su captura. Javari formaría parte del entramado corrupto que desde 2007 gracias a documentos falsos logró créditos para comprar empresas públicas, unos préstamos a cuatro años que les permitieron entrar con fuerza en el proceso privatizador puesto en marcha por la administración Ahmadineyad como uno de los pilares de su reforma económica. La compañía Arya Investment Company, del empresario y principal cabecilla de la trama, según la agencia Mehr, Mahafarid Amir Josravi, era la tapadera usada desde 2007 para lograr créditos de grandes bancos como el Saderat y el Melli.
Ahmadineyad en el disparadero
Las primeras detenciones se produjeron en noviembre de 2009 y desde entonces comenzó un proceso que obligó al presidente, que desde el primer momento mostró su disposición a colaborar, y a su ministro de Economía a comparecer ante el parlamento para dar explicaciones sobre la estafa. Esta condena múltiple salpica muy de cerca a Ahmadineyad, que vive sus últimos meses como presidente. Desde la reelección de 2009 y el estallido de la «revuelta verde» la república islámica sufre una fuerte división en su cúpula y, según expertos y analistas, el dirigente ultraconservador ha abierto incluso un debate religioso sobre el liderazgo de los ayatolás dentro del chiismo. Los detractores del presidente, sobre todo clérigos y altos mandos de su hasta ahora fiel Guardia Revolucionaria, acusan a su hombre de confianza, consuegro y jefe de gabinete, Esfandiar Rahim Mashaie, de ser el culpable de este nuevo rumbo en la política de un Ahmadineyad al que hasta ahora solo parecía interesarle la carrera nuclear. Los medios oficiales tachan al presidente y a los suyos de «desviacionistas» o «pervertidos» por su presunto alejamiento de las tesis del Líder Supremo, Ali Jamenei.
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