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El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) se reunirá este martes con el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, al que previsiblemente expresará su apoyo a la supresión en la legislación española del llamado aborto eugenésico, es decir, aquel que se practica para evitar el nacimiento de un feto con discapacidad.
Según recordó cuando el ministro anunció la medida hace unos días, el Cermi, al igual que todo el movimiento mundial de la discapacidad, viene señalando desde hace años que el aborto eugenésico por razón de discapacidad «es contrario a los derechos humanos, ya que parte de la premisa de que la vida de las personas con discapacidad es menos valiosa que la del resto, y por este motivo se le puede aplicar un trato desigual, que encierra una clara discriminación, prohibida por las normas internacionales que protegen los derechos de las personas con discapacidad».
Según el Comité de Representantes de Personas con Discapacidad, la legislación española sobre el aborto, tanto la inicial de 1985 como la vigente de 2010, admiten el aborto eugenésico, lo que ha venido siendo denunciado por el sector social de la discapacidad, que ha reclamado la desaparición de cualquier trato discriminatorio por razón de discapacidad en este ámbito. En cuestiones de interrupción del embarazo, la discapacidad no ha de ser un elemento relevante.
La propia Organización de Naciones Unidas, recomendó a España en septiembre de 2011 que derogase cualquier supuesto discriminatorio por motivos de discapacidad en relación con la regulación del aborto, dado que resulta contradictorio y vulnera la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de 2006, firmada y ratificada por España, y aplicable en nuestro país desde 2008.
Fiscalía especial en discapacidad
Además, el Cermi planteará al ministro de Justica otras demandas en esta materia del movimiento social de la discapacidad para la presente Legislatura. La delegación del Comité reclamará al Gobierno la adopción de distintas iniciativas legislativas, estratégicas y programáticas para avanzar en la protección de los derechos de las personas con discapacidad y en su acceso sin exclusiones a la Justicia.
Para el Cermit, resulta necesario y urgente revisar el ordenamiento jurídico para adecuarlo a los principios, valores y mandatos de la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad de Naciones Unidas, lo que significará reformar normas como el Código Civil, la Ley de Enjuiciamiento Civil, el Código Penal o la Ley del Jurado, entre otras disposiciones relevantes.
La plataforma representativa de la discapacidad también pedirá a Ruiz-Gallardón la creación de una fiscalía especializada en materia de discapacidad, ahora inexistente, o la revisión del régimen indemnizatorio por accidentes de tráfico, para que atienda mejor las necesidades de las víctimas que adquieren una discapacidad.
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