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La Audiencia Nacional ha absuelto al narcotraficante gallego Laureano Oubiña de blanquear más de 4,5 millones de euros procedentes de beneficios obtenidos por traficar con drogas, hechos por los que el fiscal pidió para él ocho años de prisión y una multa de trece millones de euros.
Según ha confirmado el abogado de Oubiña, Joaquín Ruiz-Giménez Aguilar, la sentencia absuelve al narcotraficante y a su pareja sentimental Tiziana Cardarelli, para quien el fiscal pidió una pena de cinco años y medio de prisión y una multa de trece millones de euros para la primera; al considerar nulas las conversaciones intervenidas durante la investigación.
No obstante, condena al tercer acusado, José Piñeiro, —primo de Oubiña— a un año y nueve meses de prisión, que aceptó esta pena y reconoció los hechos.
La sentencia de la sección cuarta de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional declara la nulidad de las escuchas telefónicas, como había solicitado la defensa, al considerar que no respetaron la legalidad ordinaria ni constitucional. En algunas de esas conversaciones intervenidas, que se escucharon durante el juicio celebrado a principios de julio en la Audiencia Nacional, Piñeiro y Cardarelli hablaban de las inversiones que la acusada hacía para supuestamente introducir en el circuito legal el dinero obtenido de la actividad criminal, según mantuvo el fiscal.
La sentencia, de la que ha sido ponente la magistrada Carmen Paloma González, indica además que, aunque hubiera considerado válidas esas intervenciones telefónicas, no hay elementos suficientes para probar la culpabilidad de los acusados.
Dilaciones indebidas
El tribunal también admite que se han producido dilaciones indebidas, ya que el procedimiento se remonta a 2002, cuando comenzó la investigación.
Oubiña, que salió de prisión el pasado 17 de julio tras haber cumplido varias condenas desde 1990, se encuentra a la espera de otra sentencia de la Audiencia Nacional, que la semana pasada le juzgó también por blanquear dinero obtenido ilícitamente de la venta de drogas, mediante la presunta compra de unas fincas junto a su esposa, ya fallecida. En este caso el fiscal pidió seis años de prisión.
