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La delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, ha calificado de «encomiable» la labor de los agentes de la Guardia Civil que detuvieron a dos ciudadanos gibraltareños que se encontraban en las aguas en disputa que rodean al Peñón «pescando atún rojo», actividad prohibida por «todos los tratados europeos», aunque ya han sido puestos en libertad.
Por ello, ha incidido en que este incidente «no tiene que entrar» dentro del «conflicto» entre los pescadores españoles y las autoridades gibraltareñas, el cual tiene de «fecha de caducidad». A este respecto, Crespo espera que el conflicto culmine «el próximo 31 de julio» por el «bien de los pescadores españoles y de Gibraltar». «Es bueno para todos acabar con este conflicto», ha agregado la delegada.
Asimismo, Crespo ha incidido en que las autoridades gibraltareñas «tendrán que reconocer» que el trabajo de la Guardia Civil ha consistido en «invitar a entrar a puerto» a una embarcación deportiva gibraltareña que «estaba pescando atún rojo», aspecto «prohibido desde el punto de vista europeo», ha reiterado.
Quejas de Reino Unido
Sin embargo, las quejas por parte de Reino Unido y Gibraltar no se han hecho esperar. Este martes, el encargado de negocios de la Embajada británica en Madrid, Daniel Pruce, ha acudido al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación para quejarse por la «inadmisible e ilegal» actuación de la Guardia Civil el viernes en las aguas que rodean el peñón.
En representación del embajador del Reino Unido, Giles Paxman, que se encuentra fuera de España, Pruce ha transmitido a altos cargos del departamento la «profunda preocupación del Gobierno británico» por este incidente «en las aguas territoriales británicas de Gibraltar».
Según el representante británico, «no existe ningún fundamento en Derecho Internacional sobre el que puedan fundamentarse dichas acciones».
Por su parte, el Gobierno de Gibraltar denunció ayer que la Guardia Civil la incursión «ilegal» española y ha pedido a Reino Unido que actúe «no simplemente con protestas escritas».
