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El Gobierno es incapaz de llevar al redil a las Comunidades Autónomas descarriadas de los Presupuestos del Estado pero tampoco tiene agallas para mandarlas al corral con una intervención en toda regla
Día 23/07/2012 - 14.08h
Lemisarios del FMI en misión de vigilancia a España han salido escaldados del alambique donde se cuecen las grandes cifras de la Contabilidad Nacional. La próxima vez que alguien en Washington les ofrezca un destino profesional elegirán Burkina Faso, cuyas finanzas son bastante más comprensibles que las derivadas de una Administración autonómica donde no hay forma humana de entenderse. Hasta el propio Mariano Rajoy ha estado a punto de perder los estribos cuando hace unas semanas se sintió impotente para conocer de primera mano los vencimientos de deuda que todavía tienen pendientes este año los distintos Gobiernos regionales. El incidente ocurrió en plena Comisión Delegada de Asuntos Económicos y después del viaje interestelar que se llevó Cristóbal Montoro no hay motivo alguno para ocultar lo que es un secreto a voces: ¡Hacienda, tenemos un problema!
El Gobierno del Partido Popular se ha calentado la boca de manera compulsiva en su empeño por testimoniar ante el resto de Europa la paternidad responsable que Zapatero se negó a ejercer sobre el puzzle de comunidades autónomas que integran, es un decir, la estructura del Estado. Ni Pedro Solbes como tecnócrata aventajado de los dulces años socialistas ni mucho menos Elena Salgado, impostada en su disfraz de Pastora de la Finojosa, fueron capaces de llevar al redil a ese rebaño de ovejas descarriadas que campan por sus respetos dejándolo todo hecho un erial.
La rica diversidad cultural, social y política del país no es compatible con la dispersión de esfuerzos económicos cuando la balanza de pagos y la prima de riesgo se mezclan en un cóctel explosivo para el bolsillo de la masa anónima de españoles. A estas alturas del ajuste fiscal importa bien poco si los hombres de negro tienen acento extranjero o sesean en gallego porque los ciudadanos han perdido el miedo al hombre del saco después de comprobar la precariedad de una mayoría que solo es absoluta por la tormenta de calamidades que es capaz de desatar.
El reparto de los sacrificios nunca podrá ser equitativo mientras el aparato político y administrativo del país siga siendo utilizado como la cámara acorazada de unos dirigentes regionales intocables y acostumbrados a que Hacienda les saque las castañas del fuego. Invocar a mecanismos de financiación como pueden ser los hispanobonos o cualquier otra alternativa para mutualizar la deuda autonómica resulta un sarcasmo insultante cuando esos mismos comuneros rechazan la jerarquía del Gobierno nacional para apelar directamente a Bruselas ante una eventual fiscalización de sus quebradas economías.
Las baladronadas de Artur Mas en reivindicación de un concierto económico a la vasca para Cataluña o las rebeldías sin causa de los barones populares como Alberto Núñez Feijóo, Juan Vicente Herrera y Alberto Monago han dolido en el alma a Rajoy pero no han impedido que Montoro se saque de la manga otro fondo de asistencia financiera respaldado, ahí es nada, con el premio gordo de las Loterías del Estado. El Gobierno está atrapado entre la espada de Bruselas y la pared de las autonomías por lo que ni puede dejar que las comunidades suspendan pagos ni tiene agallas para mandarlas al corral con una intervención en toda regla.
Como bien sabe el presidente del ICO, Ramón Escolano, la línea de financiación destinada a pagar las fiestas regionales estaba canina y por eso ha sido necesario habilitar una caja de caudales como cepo para atrapar a las comunidades que, siguiendo el ejemplo de la Generalitat Valenciana, se acerquen a morder el queso de esos 18.000 millones indispensables para llegar a final de año. El Gobierno actúa con sus pares autonómicos aplicando la estrategia del palo y la zanahoria que tanto gusta en Bruselas, lo que demuestra que los reinos de Taifas que abundan por España están contaminados del mismo virus que amenaza con derribar la torre de Babel edificada en Europa.
La cuestión ahora radica en saber si la insolvencia de los replicantes será suficiente para que Antonio Beteta les mande a los interventores de la IGAE o si el Ministerio de Hacienda tendrá que solicitar previamente el rescate de la deuda soberana a la Comisión Europea. La respuesta está al caer porque a la vuelta del verano el Tesoro tiene que hacer frente a pagos de casi 40.000 millones de euros que amenazan con un otoño demasiado caliente para el Gobierno. Todo eso si antes los Van Rompuy, Barroso, Juncker y demás prebostes europeos no reclaman por conducto diplomático a Rajoy que tire la toalla y deje de infringir un duro castigo a todos los españoles. Ahora que está de moda evocar a Winston Churchill y su reclamo de sangre, sudor y lágrimas no está de más recordar al premier británico por otra de sus frases célebres cuando afirmó que «siempre se puede esperar que los políticos terminen por hacer lo correcto, una vez agotadas todas las demás posibilidades».
