Desregulación comercial

Entre las medidas económicas que presentó el presidente del Gobierno el 11 de julio y que aprobó el Consejo de Ministros del 13 de julio figuraban dos que afectan directamente a la regulación de la actividad comercial. La primera medida es la ampliación de horarios desde las 72 horas máximas actuales hasta las 90 y la ampliación de la posibilidad de apertura en festivos; y la segunda es la desregulación del periodo y concepto de «rebajas». Dos medidas que, según el Gobierno, tienen como objetivo una «mayor libertad y eficiencia en la distribución comercial minorista y nuevos instrumentos de competencia efectiva» y que se enmarcan en lo que el mismo Gobierno califica de «Reformas estructurales».

Sin discutir que, genéricamente, las medidas están directamente relacionadas con los objetivos que quiere el Gobierno (pues es cierto que, en principio, aumentan la libertar en el sector y son nuevos instrumentos de competencia efectiva), las medidas tendrán unos efectos que el Gobierno no detalla y que es conveniente analizar.

Desde una perspectiva macroeconómica, y frente a lo declarado por algún responsable público, ninguna de las dos medidas tendrá un efecto sobre el crecimiento económico porque el consumo privado no crece porque los comercios estén más o menos tiempo abiertos, sino que está determinado por la renta disponible y las posibilidades de financiación. Si acaso, la reordenación sectorial que llevará aparejada la reforma, con un aumento de la competencia en algunos lugares y la liberalización de las rebajas, tendrá efectos sobre la inflación, pero estos efectos serán de relativamente limitados y diluidos en el tiempo. No son precisamente los horarios comerciales la causa de nuestra tradicional inflación diferencial.

Más efectos tendrán estas medidas sobre la estructura del sector, incluso geográficamente. En primer lugar, las medidas favorecen a las grandes superficies, no tanto por la mayor amplitud de horarios (ya pueden abrir 12 horas diarias), sino por la apertura en más festivos y por la posibilidad de permanentes descuentos comerciales que modificarán su estrategia comercial. Dada la atonía del consumo, los cambios en los usos de compra (por razones sociológicas, más que económicas) y las economías de escala de las grandes superficies, el pequeño comercio tendrá más dificultades que le forzarán, en no pocos casos, a reinventarse.

Esta ventaja de las grandes superficies aumentará la competencia de una forma sutil, que no siempre beneficia al consumidor a largo plazo, porque si bien es posible un aumento de la competencia entre empresas de distribución grandes en la misma área geográfica, la desaparición de los pequeños comercios y la concentración de la oferta en dos o tres polos de atracción en una ciudad media limita las posibilidades de elección.

Geográficamente la libertad de horarios y la apertura en festivos aumentará el consumo en aquellas ciudades que, como Madrid o Sevilla, tienen capacidad de atracción comercial en su área metropolitana lo que determinará la desaparición de subsectores comerciales completos de no pocas ciudades intermedias, especialmente de los bienes duraderos. Así, los comercios de electrodomésticos o de menaje de hogar de ciudades medias que estén a menos de una hora y media de centros comerciales metropolitanos terminarán por desaparecer (si es que están aguantando a la crisis) porque no podrán competir en precios ni gama.

Desde la perspectiva del empleo, la ampliación de horarios y de festivos tendrá un efecto positivo sobre el volumen total de personas con contrato por cuenta ajena, pero tendrá la contrapartida de una disminución importante en el número de comerciantes autónomos por lo que, probablemente, se produzca una disminución de los ocupados totales del sector. Lo que sí es seguro es que cambiarán las características de los empleados (más jóvenes, más estudios medios, más productividad media) y, desde luego, un empeoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores por cuenta ajena.

En definitiva, la ampliación de los horarios comerciales supondrá un impulso a la profunda reestructuración que viene viviendo el sector comercial desde el inicio de la crisis, especialmente en algunas zonas geográficas, y redundará en una mayor competencia, con los beneficios que conlleva para el consumidor, con el coste de un deterioro de la situación de los trabajadores.

Lo que no paro de preguntarme desde que se anunció esta reforma es si realmente esta reforma responde a una necesidad de la economía española en este momento o si es sólo una concesión a un dogma ideológico, porque si lo que se pretende es modernizar el sector comercial no es esto lo único por hacer, ni lo más urgente.