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La presión del sector eléctrico se intensificó desde que trascendieron las medidas fiscales que el Ejecutivo se disponía a aplicar sobre la facturación de las compañías generadoras de energía. El pasado viernes, José Manuel Soria trasladó al Consejo de Ministros el informe en el que quedaba esbozado este nuevo tramo del proyecto en el que se ha embarcado el titular de Industria, la «reforma energética», un nuevo marco regulatorio con el que el Ejecutivo pretende poner fin a los desequilibrios en un sistema que arrastra un desbarajuste de 24.000 millones de euros, el llamado «déficit de tarifa». Pero las diferencias en torno al impuesto sobre las tecnologías de régimen ordinario -las eléctricas tradicionales- y las de régimen especial -renovables- obligaron a posponer la aprobación de la normativa.
Mientras tanto, las compañías eléctricas (Iberdrola, Endesa y Gas Natural Fenosa) han redoblado su pulso: amenazan con recortar a la mitad sus inversiones previstas para este ejercicio e incrementar la factura de la luz. El proceso, sin embargo, se podría demorar, al menos, una semana más. Hacienda e Industria negocian rebajar las cantidades que tendrán que aportar las compañías.
El titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, recalcó ayer en una reunión con el Círculo de Confianza de Nueva Economía que «no habrá una fiscalidad que lleve a la ruina al sector» y que el Gobierno «se tomará el tiempo necesario» para encontrar una solución, según ha podido saber ABC de fuentes empresariales. «No se puede cerrar una brecha abriendo otra brecha mayor», remachó.
El plan previsto, con que las arcas públicas querían embolsarse más de 6.600 millones de euros, incluía una tasa a las energías del régimen ordinario del 4%, que recaudaría 400 millones de euros. Las eléctricas también deberían soportar un recargo adicional sobre la producción hidráulica y la nuclear de 15 y 10 euros por megavatio hora, respectivamente, con los que el Estado se disponía a ingresar 415 y 550 millones de euros.
Para las renovables, por su parte, se estudiaba un gravamen diferenciado en función de la rentabilidad y la madurez de las plantas. Concretamente, la carga para las fotovoltaicas iba a ser de 19%, del 13% en el caso de las termosolares, del 11% para la eólica, del 4,5% para la biomasa y del 4% para la cogeneración. En total, a las tecnologías «verdes» les correspondía afrontar un coste de 1.180 millones.
Contenido de la reforma
Al mismo tiempo, el programa contaba dos medidas ajenas a la generación eléctrica, pero que sí tenían cabida en ese esquema puramente tributario: el uso de los ingresos derivados de las ventas de derechos de emisión de CO2 (cerca de 900 millones de euros), que según una directiva europea deben incorporar los miembros de la UE a partir de 2013, y la imposición de un recargo de 4 céntimos por metro cúbico de gas consumido), lo que supondría un impacto de 1.150 millones de euros.
Este abanico de medidas se completaría con el traspaso de 2.100 millones derivados de la amortización del déficit de tarifa a la deuda pública y con el «céntimo verde», un impuesto sobre los combustibles de entre 2 y 4 céntimos que ha generado fricciones entre el equipo de Hacienda y el de Industria.
Soria quiere utilizar el montante de 1.500 millones que se obtendrían mediante esta figura para aminorar el déficit de tarifa eléctrico, y Montoro recuerda que no se pueden crear «impuestos finalistas» que desemboquen en una subvención cruzada entre sectores.
Y, por si fuera poco, la reforma energética ha suscitado el rechazo en uno y otro frente. Si las renovables desafían con una oleada de demandas a las nuevas disposiciones, por entender que echan por tierra la rentabilidad que conservaban tras los sucesivos recortes de las primas, los operadores tradicionales advierten de que las tasas darán lugar a una «importante reducción de las inversiones», la disminución de los «costes de operación» y, en consecuencia, las contrataciones. El impuesto resultaría especialmente nociva para los ciclos combinados y las plantas de carbón nacional, que, en algunos casos, deberán «parar» su actividad, según fuentes del sector.
