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La llegada de Javier Molinera la presidencia de la Diputación de Castellón ha supuesto un importante cambio con respecto a su antecesor, Carlos Fabra. También en la gestión económica de la institución.
Moliner avanzó ayer un paquete de medidas destinadas a ahorrar 625.000 euros al año a la Diputación, entre las que destacan el recorte en coches oficiales y escoltas, junto a otras partidas. Moliner reducirá un 30% el parque móvil de la institución, de forma que solo se mantendrán siete vehículos, y el ajuste en el gasto en escoltas será similar -se reducirá su número en un tercio-. En total, estas dos medidas permitirán ahorrar 60.000 euros al año (40.000 en los escoltas, y otros 20.000 en vehículos).
Con todo, el principal «bocado» se lo lleva la partida de personal y sueldos. El propio Moliner se reducirá sus emolumentos un 25%, según anunció, y sus vicepresidentes verán recortada la nómina en un 19%. El resto de integrantes del pleno provincial, por su parte, sufrirán un recorte del 9% en sus retribuciones. La medida, de carácter «permanente», según el mandatario provincial, se plasmará en este ejercicio con la renuncia de todos los diputados a la paga de Navidad -una medida que han comenzado a imitar numerosas instituciones tras aplicársela el Gobierno a los funcionarios-.
Cobrará cuando pague
Asimismo, se reducirá en un 24% las dietas que se perciben por asistencia a plenos, comisiones y juntas de gobierno o portavoces. El ahorro en sueldos de los políticos alcanzará los 200.000 euros, según Moliner, que también aplicará recortes en el capítulo del personal de confianza.
De esta manera, se despedirá al menos a seis asesores de la institución provincial, y a todos se les eliminará la paga extra de Navidad. Estos recortes se suman a los que ya se aplicaron a principios de legislatura, por lo que «la reducción total del coste en personal es de 450.000 euros», según Moliner.
Otra de las medidas más llamativas adoptadas por Moliner, más que encaminada al ahorro, pretende establecer un compromiso con los proveedores de la Diputación. Si el Consell aprobó rebajarse el sueldo en función de la desviación del déficit, Moliner ha optado por condicionar su nómina al cumplimiento de los plazos de pago a las empresas. De esta manera, si algún proveedor no ha cobrado una vez transcurrido el plazo establecido de 40 días, Moliner no cobrará su sueldo de ese mes en tanto no se resuelva la situación. En este sentido, cabe recordar que la institución paga en la actualidad en unos 38 días.
La última medida anunciada por Moliner es el cese de la actividad de la empresa pública Vicasdi, que ahorrará 117.000 euros al año.
