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El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, confirmó ayer el archivo de la denuncia anónima presentada ante Anticorrupción contra el expresidente de la Diputación de Orense José Luis Baltar por supuestas irregularidades en su gestión.
«En la Fiscalía Anticorrupción, se han recibido dos denuncias, una anónima y otra en la que prácticamente se reproducían los mismos hechos que en su momento ya se enviaron a la Fiscalía de Orense», explicó. Sobre la denuncia anónima remitida a Anticorrupción en Madrid con documentación sobre supuestas irregularidades con las que el exbarón del PP , Torres-Dulce indicó que «ha sido archivada por carencia de precisión».
En cuanto a la segunda, ha indicado que «al ser reproducción exacta de la que hace un año se envió a la Fiscalía de Orense para que estudiáramos su judicialización, también se ha archivado porque no aportó nada nuevo».
«En este momento tenemos lo que está residenciado en Orense», ha añadido Torres-Dulcesobre la denuncia recibida ya hace tiempo en la Fiscalía Anticorrupción y que se remitió a la Fiscalía orensana para que evalúe o no la presentación de una denuncia.
La misma vecina que hace unas semanas denunció a Marina Castaño por un presunto delito de malversación de fondos públicos y estafa, ha decidido incluir ahora en su querella al hijo del Premio Nobel. Los motivos que Dolores Ramos esgrime para esta ampliación de la denuncia están relacionados con un supuesto «entorpecimiento» por parte de Cela Conde.
Y es que en opinión de Ramos, ni Conde ni su abogado completaron su denuncia por la herencia del escritor con las irregularidades que ella detectó en relación con el desvío de caudales a una sociedad privada. «Fue pasando el tiempo y perduraba el engaño y el bloqueo a mis intenciones de denunciar los hechos», censura la vecina al tiempo que apunta que a cambio de que el hijo del Nobel ampliase su denuncia, le facilitó documentos de la escritura de constitución de las sociedades involucradas en el caso.
«Los he denunciado por omisión de denuncia con engaño de intencionalidad, ocultación y omisión del deber de perseguir delitos, obstrucción a la Justicia y deslealtad profesional en el caso del letrado», detallaba la propia Ramos, que antes hizo lo propio con Castaño por un supuesto delito de malversación.





