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Día 12/07/2012
La decisión de Bruselas de supeditar la ayuda financiera a que el accionista asuma las pérdidas asociadas al rescate ha caído con un jarro de agua fría entre los compradores gallegos de participaciones preferentes -superan los 43.000-, a los que la UE considera inversores, y como tales tendrán que asumir una quita que se estima en torno al 30 por ciento.
Un nuevo sacrificio para los afectados gallegos que podría no llegar a materializarse si prospera en la vía judicial la tesis de la Fiscalía, que presentó una demanda civil contra Novagalicia Banco por la venta de este producto; 900 millones de euros de saldo vivo -600 millones correspondientes a emisiones de Caixa Galicia y 300 de Caixanova-.
En estos términos se manifestaba ayer el fiscal superior de Galicia, Carlos Varela, quien al respecto de las condiciones impuestas por la Unión incidió en que, en principio, «si triunfa la demanda, los titulares de las preferentes a los que se da amparo en la misma no se verían afectados por la quita». La propuesta de la Fiscalía es declarar la nulidad de los contratos judicialmente y que se devuelvan los depósitos; extremo que obligaría a los órganos europeos a cumplir la sentencia judicial».
En este escenario, un 70 por ciento de los afectados que acudieron a los puntos de información del Instituto Galego de Consumo (IGC), optaron por el arbitraje como forma de reclamación. Así lo aseguró ayer su gerente María Jesús Muñoz Chesa, quien informó que un total de 1.780 reclamaciones han sido enviadas a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y otras tantas a la Fiscalía Superior de Galicia (FSG), como fundamento a la demanda colectiva que prepara.
La disyuntiva está ahora entre los que sabían qué estaban comprando y los que no, un tema que ayer se trasladaba a la reunión de la diputación permanente de la Cámara autonómica. A pesar de que el motivo de la convocatoria era el de solicitar una sesión plenaria extraordinaria para analizar la crisis económica que finalmente fue rechazada, el portavoz del PP, Pedro Puy, se mostraba partidario de reembolsar a aquellos ahorradores que desconocían el riesgo que conllevaba poner dinero en participaciones preferentes de entidades financieras; no en cambio a aquellas personas y empresas que invirtieron conscientemente.
En ese sentido, subrayó que él «personalmente no comparte» que se le devuelva el dinero a las «empresas e inversores de riesgo que compraron participaciones preferentes», y aludió así a «un conselleiro que reconoció que las adquirió», en alusión, aunque sin nombrarlo, al titular de Economía e Industria de la Xunta, Javier Guerra.
Con todo, Puy indicó que los asuntos económicos serán objeto de debate en la reunión del Parlamento autonómico este mes para decidir sobre la formación de una comisión de investigación sobre el proceso de fusión de las cajas de ahorros de desembocó en la instauración de una entidad bancaria y sobre las quejas de miles de ahorradores que compraron preferentes.
