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El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha anunciado hoy una reducción del 30 por ciento en el número de concejales de los más de 8.000 ayuntamientos del país por tramos de población establecido en el artículo 179.1 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General. [Así hemos contado en directo la intervención del presidente del Gobierno y las réplicas por el resto de los partidos políticos con representación parlamentaria]
Rajoy, en su comparecencia en el Congreso para informar de los acuerdos del último Consejo Europeo y de su política económica, ha avanzado además que se mejorará el control de las cuentas públicas en el ámbito local con el fortalecimiento de la imparcialidad del interventor municipal y funcionarios con habilitación de carácter nacional.
El jefe del Ejecutivo ha corroborado que España "necesita que le presten dinerohasta para pagar las prestaciones por desempleo", así que se ve impelido a adoptar un paquete de reforma de la Administración Pública que busca mayor "austeridad" y "eficiencia". "No caben fantasías ni ocurrencias", ha enunciado el gallego antes de pasar a repasar medidas de contención del gasto público.
Homogeneidad en los salarios municipales
Según ha indicado el presidente, se "homogeneizarán y publicarán" las retribuciones de los cargos municipales en función de unos baremos que se fijarán en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y que también atenderán a las características de cada municipio, según recoge Ep.
La reforma de las administraciones públicas también buscará "evitar duplicidades atendiendo a la premisa de una administración, una competencia", por lo que se "solucionarán las competencias impropias de los ayuntamientos, para que no presten servicios para los que no tengan la financiación necesaria" y se reforzará el papel de las diputaciones provinciales con el objetivo de que centralicen la prestación de servicios y "garanticen que los pequeños municipios reciban unos servicios públicos adecuados a precios razonables y mejor gestionados".
Rajoy ha anunciado que se prevé que genere un ahorro de unos 3.500 millones de euros. Finalmente, se acometerá una "reducción, e incluso eliminación, de empresas públicas en el ámbito local" para evitar duplicaciones "e incluso triplicaciones" (algo que ya había anticipado en varias ocasiones su vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría) y se mejorará el control de las cuentas públicas en el ámbito local con el "fortalecimiento" de la "imparcialidad" del interventor municipal y de los funcionarios de carácter nacional.










