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Los más de 170.000 incendios forestales provocados en la última década en toda España y la permanente reivindicación del Gobierno gallego para endurecer las penas contra los causantes de estos fuegos propiciaron que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, viajara este martes a Santiago para anunciar una propuesta de modificación del Código Penal que agravará los castigos contra los incendiarios. «No es casualidad estar en Santiago. Feijóo me insistió en que esta era su preocupación principal», señaló.
La reforma, que se llevará al Consejo de Ministros este mismo mes, incluye la elevación del máximo de condena de prisión por estas infracciones de cinco a seis años, el establecimiento de nuevos agravantes y la exigencia de que los responsables de la pérdida de los bosques no paguen su culpabilidad solo con la cárcel, «sino también con su patrimonio y sus bienes», como reclamó el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, con quien el titular de Justicia del Gobierno mantuvo una breve reunión.
Pese a que el tope de prisión solo se eleva un año, Gallardón explicó que esto afectará «sobre todo a las medidas cautelares» ya que se establecerán medidas privativas de libertad durante la instrucción del caso.
El delito será más grave si existía riesgo de propagación al provocar el fuego
«Quemar no es gratis y debe conllevar responsabilidad penal y patrimonial», reclamó Feijóo en la rueda de prensa conjunta que ofreció con Gallardón en el Pazo de Raxoi.
Responsabilidad económica
El ministro incluirá estos cambios dentro del anteproyecto de reforma del Código Penal que su departamento está elaborando. En él propondrá que se apliquen a los delitos de incendios varios artículos de la normativa sobre acciones contra la protección del medio ambiente. Así, «la posibilidad de imponer con cargo al responsable medidas encaminadas a restaurar el equilibrio del monte dañado se aumenta de forma notable», indicó.
Gallardón expuso algunos datos para respaldar esta reforma del Código Penal. De entre los 1.780 procedimientos judiciales iniciados en 2010 contra quienes generaron incendios-ya fuera de manera intencionada o por imprudencias- solo se dictaron 96 sentencias, algo que el ministro considera «insuficiente». Recordó además que se estima que entre el 73 y el 80 por ciento de los focos fueron provocados.
Febrero de 2013
«Quien quema paga», asevera Feijóo, que cree «efectiva» la reforma
Feijóo aplaudió las nuevas medidas por considerarlas «efectivas» y aseveró que «quien quema paga, de la misma forma que el que contamina paga». Los cien millones anuales que la Xunta destina a combatir las llamas «vendrían muy bien» para otros asuntos, declaró. «La propuesta -dijo- nació en Galicia y ahora la hace suya el conjunto del Estado».
