capital sin reservas
El ministro que fue picador allá en una Industria acostumbrada a vivir del mogollón
La reconversión de la minería es la prueba piloto de José Manuel Soria en su intento de acabar con los cazaprimas que han hecho fortuna de las subvenciones en negocios de escasa rentabilidad económica
No es el abuelo Víctor , que fue picador allá en la mina, sino más bien el grupo empresarial de Victorino Alonso el que más preocupa al Gobierno en esa batalla tan encarnizada como estéril que los grandes prebostes del carbón plantean cada vez que ven peligrar el pesebre de ayudas públicas y demás derechos mal adquiridos. Los trabajadores de las cuencas asturleonesas llegarán a Madrid el próximo miércoles día 11 coincidiendo, qué casualidad, con la puesta de largo que Mariano Rajoy tiene anunciada en el Congreso de los Diputados después de sus pírricos paseos triunfales por Europa. El Parlamento y la calle son dos puntos calientes y cada vez más equidistantes de la refriega política pero el polvorín, a la postre, siempre lo incendian los mismos.
Las eléctricas deberán pagar un nuevo impuesto por su cifra de facturación
La conflictividad social derivada de la depresión económica tiene su kilómetro cero en el Ministerio de Industria y Energía, punto de encuentro de todos esos intereses creados que han dado rienda suelta a la España del compadreo durante la era de la abundancia. En medio de la crisis, la colusión de la demagogia política y los negocios privados se ha dado la vuelta para convertirse en un bumerán de impacto letal que todos tratan de esquivar parapetándose detrás del escudo que proporciona papá Estado.
Pero ahora ya no se puede vivir del mogollón. Se ha acabado lo que se daba porque los políticos no tienen presupuesto que repartir y los empresarios se han atiborrado de deudas a pagar. Las subvenciones oficiales han dejado de ser un oasis en el desierto de una economía escasamente competitiva para convertirse en el espejismo de una vana ilusión que los más interesados se niegan a contrastar con la dura realidad. José Manuel Soria no quiere que nadie se llame a engaño y como titular del ramo ha hecho un llamamiento a los empresarios del carbón para que se froten los ojos y comprendan que lo que no puede ser, no puede ser y además es imposible.
Desde 1990 las cuencas mineras han percibido ayudas oficiales por importe de 23.995 millones de euros, de los que 5.492 fueron a parar directamente a las empresas del sector y la mayor parte, 2.110 millones, al grupo Alonso. El célebre cazaprimas leonés acumula así la friolera de veintidós años seguidos llenando la caja de caudales con la manguera institucional a razón de 100 millones de euros por ejercicio. Una carrera alucinante que empezó en la etapa de Claudio Aranzadi y a la que han asistido impasibles todos los sucesores ministeriales desde ilustres socialistas como Juan Manuel Eguiagaray hasta liberales zapateriles al modo de Miguel Sebastián pasando por el clan de los más errantes catalanes como Josep Piqué , Anna Birulés , José Montilla o Joan Clos .
No está claro si el nuevo gravamen será luego repercutido al recibo de la luz
La leyenda del gran Victorino se resume en pocas pero muy grandes y no menos elocuentes cifras como paradigma de una política industrial anquilosada en el túnel del tiempo y cebada a golpe de talonario por Gobiernos de gatillo fácil a la hora de disparar con la pólvora del rey. Con la munición gastada y la banca rota, al ministro Soria le toca ahora bailar con la más fea de una reconversión industrial que exige soluciones quirúrgicas en carne viva y sin anestesia.
La de los mineros y sus dantescos lanzacohetes de fabricación casera representa un pequeño estado de excepción dentro de la gran reforma energética, que va a recortar el negocio de las eléctricas con una serie de impuestos a todas y cada una de las fuentes de producción, ya sean negras, verdes o nucleares anaranjadas. El objetivo es rebajar los costes del sistema en 4.000 millones de euros anuales mediante un gravamen a la facturación de las empresas generadoras, una especie de tasa Robin Hood en versión española como la que ya existe en Italia.
Otras medidas de similar naturaleza y análogos objetivos serán el céntimo verde sobre el gasóleo y la gasolina con objeto de financiar otros 3.000 millones de euros que, si Soria no lo impide, irán a parar directamente a las arcas de Hacienda. El ministro de Industria sabe que Cristóbal Montoro tiene también que rascar un buen pellizco y confía que su colega sea generoso incorporando a cambio dentro de los Presupuestos del Estado el sobrecoste de 1.800 millones de euros de las llamadas extrapeninsulares que garantizan el suministro de electricidad a Baleares y Canarias.
Lo que todavía no está muy claro es si todos estos ajustes serán luego repercutidos aguas abajo en detrimento de un contribuyente que empieza a parecer insensible de tanto encajar golpes. Así parece haberlo entendido el Gobierno en ese natural afán político que le lleva a hacer trampas en el solitario para ganar tiempo al tiempo ante una crisis que se antoja interminable. Por suerte, o quizá por desgracia, no hay mal que cien años dure ni cuerpo que lo resista.
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