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Esta es, al menos, la teoría; ahora es necesario llevarlo a la práctica de la manera más eficaz posible
Día 07/07/2012 - 15.56h
NO hará mucho tiempo (apenas unos meses), la mayoría de los empresarios del sector turístico, entre los que se encontraban los responsables de las principales cadenas hoteleras pero también los directivos de aerolíneas, turoperadores, agencias de viajes y demás empresarios del sector servicios, reivindicaban a la nueva administración que se entreveía que iba a suceder al gobierno socialista de Zapatero nada menos que todo un ministerio de turismo; y lo hacían porque creían firmemente que era necesario que, en estos tiempos de crisis, tenía que existir un entidad a nivel nacional que tuviera el suficiente peso ejecutivo y negociador como para lograr poner de acuerdo a todos los responsables autonómicos y empresariales, en el sentido de que el turismo puede ser, una vez más, la locomotora socioeconómica que en estos momentos necesita la sociedad española, para, al menos, mirar el futuro con cierta perspectiva de esperanza.
Ahora, no sólo tenemos un ministerio del ramo, sino que el actual gobierno de Mariano Rajoy encomendó al ministro canario Soria la elaboración de un Plan Nacional e Integral de Turismo que, apenas hará unos días, ha sido aprobado en consejo de ministros, y es que, en palabras de la propia vicepresidenta del Gobierno: «El turismo va a ser de ahora en adelante una política de Estado»; y, para ello, dicho plan va necesariamente dirigido a todos los ámbitos de la Administración, con un planteamiento de unidad que se extenderá desde el 2012 hasta el 2016; en definitiva, este plan turístico establece un modelo de funcionamiento, con objetivos y rendimientos de cuentas que afectará, prácticamente, a todos los departamentos y organismos del Estado.
Era más que evidente que algo había que hacer, y en este sentido, estas medidas lo que intentan es buscar la mejora de la competitividad de las empresas y, sobre todo, de los distintos destinos turísticos; así como renovar el liderazgo mundial en materia turística y contribuir, en esta época de dificultad, a la generación de riqueza, empleo y bienestar social. Para ello, tenemos la suerte de contar con nuestra propia Marca España, que ha de ser, necesariamente, promocionada y gestionada de forma coordinada, intentando devolver la unidad de mercado a un territorio nacional que se ha olvidado del conjunto para diezmar los destinos con campañas que la mayoría de las veces no han dado ningún resultado.
Era, pues, necesario concretar unas medidas que tuvieran como destino último la armonización de una legislación dispersa y muchas veces contradictoria que tuviera como objetivo impulsar la cohesión de una marca turística notoria, como lo es España, que sirviera, a la vez, como palanca para dar a conocer o en su caso impulsar aún más otros destinos ya consolidados; sin olvidarnos de estimular la demanda interna así como de la necesaria y urgente reconversión de los destinos maduros. Pero sobre todo, es prioritario la simplificación y la armonización de la actual normativa para evitar, precisamente, que perdamos competitividad. Esta es, al menos, la teoría; ahora es necesario llevarlo a la práctica de la manera más eficaz posible por el bien y el futuro de nuestra primera industria.
