En Vídeo
En imágenes
Noticias relacionadas
El Consejo de Ministros iniciará hoy la reforma de las administraciones públicas, una de las propuestas estrella del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con la depuración de competencias de los ayuntamientos. El Ejecutivo quiere delimitar qué obligaciones tienen las corporaciones locales para evitar que, como venía sucediendo hasta ahora, las comunidades autónomas traspasen a las entidades locales el ejercicio de servicios públicos sin dotarles de financiación, generando abultados déficits en los consistorios. En esta línea, se facilitará no la fusión de las corporaciones que presupuestariamente no es muy efectiva, sino la prestación conjunta de servicios públicos para contar con mayores medios a precios más asequibles. Un ejemplo que usa el Gobierno para ilustrar esta posibilidad es por ejemplo, compartir los servicios de bomberos.
Al mismo tiempo, se trata de definir qué administración presta mejor un determinado servicio para evitar que una misma competencia se lleve a cabo por triplicado. «Hacer todos de todo, es la mejor forma de hacer todo mal», ha dicho Rajoy en varias ocasiones. Aunque se estuvo barajando hasta el último minuto que la propuesta fuera presentada como anteproyecto de ley, finalmente se quedará en un informe que presentará el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y que tendrá que seguir desarrollándose más adelante dada la complejidad del asunto.
La reforma de las administraciones públicas continuará después con las comunidades autónomas y la administración central y la intención del Gobierno es pactarla con el PSOE. No obstante, si la posición del Partido Socialista se enroca el Ejecutivo avanzará en solitario. No en vano, adelgazar la abultada dimensión del sector público es una de las tareas que Bruselas espera ver en España.
Además, está previsto que el ministro de Justicia, Alberto Ruíz-Gallardón, presente a sus compañeros la propuesta de reforma del Consejo General del Poder Judicial. Igualmente será un informe, por lo que no tendrá aplicación inmediata, y a última de hora de ayer la tesis que se manejaba en Justicia era que de los 20 vocales del organismo 12 sean nombrados entre los propios magistrados y los ocho restantes en el Parlamento, para avanzar hacia la despolitización del Consejo.
