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El juez instructor de la rama del «caso Brugal» que investiga las supuestas irregularidades en la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, Manrique de Tejada, ha optado finalmente por remitir el sumario al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad (TSJCV), ante la existencia de indicios contra aforados. En la exposición razonada notificada ayer a las partes, el instructor considera «necesario» que tanto la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, como su predecesor, Luis Díaz Alperi, presten declaración en calidad de imputados. De esta manera, y dada su condición de aforados -los dos son diputados autonómicos-, el magistrado se inhibe en favor del TSJCV.
En el auto, de cerca de un centenar de folios, el juez argumenta que, de las diligencias practicadas, se desprenden indicios de los presuntos delitos de revelación de información privilegiada y tráfico de influencias, en los que podrían verse implicados tanto Castedo como Alperi. Asimismo, el juez deja constancia de que también podría haberse incurrido en un delito de cohecho, aunque en este caso la conclusión queda más abierta, a tenor de las pruebas contradictorias.
En esencia, el auto considera que el empresario Enrique Ortiz, principal implicado en la presunta trama, habría tenido acceso a información privilegiada sobre el futuro PGOU de Alicante -que aún no se ha aprobado- en la etapa en que Alperi era alcalde y Castedo ejercía como edil de Urbanismo. Asimismo, señala como indicios de cohecho un viaje supuestamente pagado por el promotor y el presunto regalo de un Mini a una persona de confianza de Castedo.
En lo que se refiere al cohecho, no obstante, el magistrado admite que Castedo aportó una factura relativa al viaje y que su asesora aportó pruebas documentales de haber pagado el Mini a la empresa de Ortiz. En cualquier caso, también destaca que no hay pruebas del pago de la factura, porque se realizó en metálico, y que la venta del Mini podría haber derivado en una irregularidad contable, por lo que no descarta por completo el cohecho.
Carácter «provisional»
La exposición razonada, eso sí, se muestra bastante cauta sobre el grado de implicación de los dos aforados en los presuntos delitos. Así, el magistrado señala en las conclusiones que, , aunque los indicios «justifican» la remisión de la causa al TSJCV para que pueda continuar la instrucción, las deducciones «revisten carácter de provisionalidad». En la causa figuran hasta el momento 16 imputados, la mayoría de ellos empresarios. El ponente de la causa en el Alto Tribunal, según fuentes del TSJCV, será el magistrado Juan Climent -el mismo que presidió el juicio contra Francisco Camps-.
Calma en el PPCV
El PPCV acogió ayer con cautela el auto del magistrado Tejada. Fuentes populares razonaron que la situación de Castedo no resulta equiparable a la del exconseller Rafael Blasco -que puso su cargo a disposición del presidente regional, Alberto Fabra, al solicitar la juez su imputación por la «causa de la cooperación»-, principalmente por el respaldo que obtuvo en las urnas. Así, no se esperan medidas drásticas a corto plazo.
