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Estima que el Ministerio no actuó de forma arbitraria y que no hubo desviación de poder
La Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha avalado la Orden del Ministerio de Cultura de 2009 que paralizaba la ejecución del Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) del Cabanyal-Canyamelar, y decretaba la suspensión de los derribos en la zona afectada. Así lo confirmaron ayer fuentes conocedoras de la resolución a Ep. De esta manera, la Audiencia ha desestimado los recursos interpuestos por el Ayuntamiento y la Generalitat contra esta Orden del Gobierno anterior, del PSOE, que ya fue avalada hace unos meses por el Tribunal Supremo (TS).
El origen de los hechos se remonta al 29 de diciembre de 2009, cuando el Ministerio de Cultura dictó una Orden en la que declaraba que el PEPRI suponía la expoliación del conjunto histórico del Cabanyal, declarado Bien de Interés Cultural (BIC) con categoría de conjunto histórico, y suspendía de forma inmediata su ejecución hasta que se adaptara y garantizara la protección de los valores de este conjunto.
Esta Orden supone la paralización de los derribos en El Cabanyal para acometer la prolongación de la Avenida Blasco Ibáñez hasta el mar. El Tribunal, tras estudiar el caso, ha declarado que la orden ministerial es «correcta» en su forma y en su contenido, en base a varias consideraciones. Entre ellas, la de que el Ministerio de Cultura tiene capacidad para emitir la declaración de expolio, pues «queda claro» que el Estado central es constitucionalmente competente en materia de protección y conservación general del patrimonio histórico, y no sólo de las zonas declaradas BIC.
Según explicaron fuentes de la Plataforma Salvem El Cabanyal-Canyamelar en un comunicado, la Audiencia indica además que el Ministerio es «respetuoso» y «no invade en modo alguno la autonomía local», pues la orden ministerial no indica al Ayuntamiento lo que tiene que hacer, sino que establece que las actuaciones del PEPRI suponen un expolio. La alternativa, por tanto, deberá proponerla de nuevo el Ayuntamiento, modificando el plan para hacerlo compatible con la orden ministerial.





