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Arahuetes defiende al presidente de Caja Segovia, pero le aconseja que dé explicaciones
Día 06/07/2012
El consejero de Economía y Empleo de la Junta de Castilla y León, Tomás Villanueva, brindó su apoyo a los dos imputados por la denuncia de Bankia, el presidente de Caja Segovia, Atilano Soto y el de Caja Ávila, Agustín González, al tiempo que pidió que se respete la presunción de inocencia de ambos y las decisiones judiciales que se adopten al respecto. «Pido respeto para ambos responsables», insistió.
Villanueva, que visitó cuatro empresas de la localidad soriana de Ólvega, recalcó que en un Estado de Derecho se debe dejar que sus poderes funcionen, y recordó que la querella admitida a trámite por la Audiencia Nacional no procesa a ninguna persona, sino que abre unas diligencias penales. «No se está exigiendo ni procesando a ninguna persona. Le corresponde a la autoridad judicial dar los pasos que se deben de dar», argumentó. También desde la Junta, el consejero de la Presidencia, expresó su respeto a las decisiones judiciales y a la presunción de inocencia de los consejeros imputados de Bankia. El portavoz del Gobierno regional rechazó que se realicen «juicios paralelos» de personas en un procedimiento judicial y subrayó como cargos que han estado en esa situación, de los que se ha informado, luego se ha sobreseido su imputación, sin tener el mismo trato.
El secretario general del PSOE de Castilla y León, Julio Villarrubia respetó tambiéon la presunción de inocencia de los imputados, pero consideró que la «grandeza» del Estado de Derecho es que la Fiscalía Anticorrupción «luche»para que quienes cometan delitos económicos «se sienten en el banquillo». Por su parte, el alcalde de Segovia, Pedro Arahuetes, se mostró convencido de que el presidente de Caja Segovia, Atilano Soto, uno de los 33 imputados por el caso Bankia, no tiene implicación en ninguna actuación delictiva de las cajas. El edil animó al presidente de la entidad a dar las explicaciones oportunas con el fin de tranquilizar a las personas, a los impositores, así como aquellos que tienen dinero en Bankia, además de «dar una explicación coherente de lo que está sucediendo y sobretodo de la implicación y consecuencias que puedan tener para Caja Segovia».
En opinión del regidor municipal, la clave en el caso Bankia no está en la cúpula directiva y las responsabilidades importantes hay que buscarlas en niveles más técnicos que el que baraja la Audiencia Nacional. «Hay que bajar más allá de los 33 imputados» para depurar responsabilidades.
El alcalde exigió que se estudie a quién podían beneficiar los informes sobre el caso Bankia, así como el procedimiento para su realización con el fin de que se depuren responsabilidades. Según sus palabras, «hay algo extraño» en la rapidez con la que se llevó a cabo el proceso de integración. En este sentido el primer edil señaló que lo primero que le sorprendió es que tras la ruptura de negociación con Banca Cívica para la integración con Caja Segovia, la entidad de la que era ex consejero ya tuviera «el negocio prácticamente cerrado» con Bankia. «Cuál fue mi sorpresa cuando el mismo día, a la misma hora que se dice que Banca Cívica es muy mala y no nos interesa, se nos dice que Caja Madrid era la mejor y que ya teníamos cerrado el negocio».
Como ex consejero, Arahuetes señaló que los informes presentados sobre la incorporación de Caja Segovia a Bankia estaban guiados por «tablas para no poder salir de un callejón», que continuamente amenazaban con la intervención del Banco de España. «O esto o mañana nos interviene el Banco de España», explicó. «Una espada de Damocles, con pocas alternativas».
Amenaza del PSOE de Ávila
Por otro lado, el secretario general del PSOE de Ávila, Tomás Blanco, anunció que pedirá el «relevo» de Agustín González, presidente de la Diputación, si la gestión de esta institución se ve «afectada» por el proceso judicial contra Bankia en el que ha sido imputado como presidente de Caja de Ávila. En respuesta a preguntas de los medios, Blanco recordó que su formación, en el conjunto de la Comunidad, se opuso a la integración de las cajas de Ávila y Segovia en una entidad de fuera de Castilla y León, por el «grave» coste en empleo y riqueza para la provincia.
