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En plena crisis de la minería, con una negociación pendiente, la división de opiniones y la proliferación de argumentos a favor y en contra del recorte en las ayudas a la producción, ha irrumpido como un fantasma del pasado el informe de la Intervención General de la Administración del Estado, publicado por ABC, que alerta de que durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se detectó que 47 de las 48 empresas mineras no cumplieron con la ley de subvenciones en cuanto al montante recibido por el Gobierno. Es una situación que se tendrá que «analizar» y que de ser así requerirá que «se depuren responsabilidades», aseguró ayer al respecto la Junta de Castilla y León. Ahora bien, se trata de un contexto que desde el Ejecutivo autonómico reclamaron que no se convierta en un arma que pueda lapidar al carbón, ya que consideraron que «hay que separar» un conflicto actual que puede arrasar con él la economía de las cuencas de la Comunidad de unas supuestas «irregularidades» en las ayudas que se corresponden con ejercicios anteriores.
«Si el Gobierno de Zapatero se saltó las directrices» marcadas por la Intervención General «habrá que tomar medidas», aseguró ayer tras el portavoz de la Junta y consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, quien no quiso entrar a valorar el citado informe, ya que prefirió ser cauto y esperar a que éste se confirme por los cauce oficiales, si bien el Grupo Popular en el Congreso ya ha anunciado que pedirá explicaciones en la Cámara para aclarar la situación. Fuera como fuese lo ocurrido en la etapa socialista en La Moncloa, entendió que no se debería condenar por ello a la minería ni mezclarse con la actual problemática, que desde el equipo de Juan Vicente Herrera están tratando de frenar. De hecho, esta semana, el líder del Ejecutivo castellano y leonés ha emprendido un nuevo intento para hacer ver al Gobierno que el recorte aplicado en los Presupuestos de 2012 al carbón es «excesivo y abusivo» y «pone en peligro» su actividad.
El último capítulo de reclamos de la Junta al Gobierno toma como vía un informe de la situación minera y del escenario en el que podría desembocar de prolongarse el conflicto. El presidente del Gobierno, la vicepresidenta y el ministro de Industria son los destinatarios de este análisis que, de momento, no se hará público, y al que le acompaña una misiva en la que Herrera insta a los receptores del mensaje a movilizar y negociar de manera «rápida» a los empresarios para mantener el diálogo. Eso sí, en esas conversaciones, que a dvierten que no se deben demorar ante la posibilidad de que alcance un ERE o la suspensión de pagos, deben hacerse de manera «individualizada», al entender que cada productor «es un mundo».
«Reducidas, pero ayudas»
Y si la negociación debe reactivarse de manera «rápida», la Junta insta a la «inmediatez» en la convocatoria de la línea de subvenciones aprobada para 2012. «Unas ayudas reducidas, pero ayudas» que reclaman que lleguen «ya» a manos de los empresarios con el fin de poder salvar el actual ejercicio.
Garantizar la viabilidad de la actividad en este año es el centro de las preocupación de la Junta. Por ello, rechazan que el Gobierno insista en negociar el Plan del Carbón 2013-2018 porque «primero hay que superar 2012» y resolver el conflicto para «llegar a 2013». «¿Para qué hablar si no vamos a llegar?», se preguntó De Santiago-Juárez, quien apostilló que la Junta no se opone a esa negociación pero que se sentará a discutir cuando el futuro inmediato esté garantizado.
La carta remitida el miércoles, deja claro que «las obligaciones -de la Junta de defender los intereses de sus territorios- deben pesar más que las competencias del Estado -en materia económica con respecto a las minas-. Y es que, «desde el respeto a las competencias del Gobierno, creemos que se equivoca», señaló ayer De Santiago-Juárez.
Finalmente, el portavoz de la Junta afirmó que «quiere creer» que el ministro de Industria, José Manuel Soria, es sensible hacia todas las áreas de su cartera, incluida el carbón, y que si bien el «responsable» de la situación es el conjunto del Ejecutivo, el que «más se está equivocando puede ser» él por estar al mando del departamento de Energía.
