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El Gobierno de Marruecos, a través del Ministerio encargado de las Relaciones con el Parlamento y la sociedad civil, ha anunciado, en un comunicado recogido por la agencia MAP, el acuerdo con las organizaciones de derechos humanos que forman el comité de coordinación en las prisiones para abrir un diálogo nacional sobre el estado de las prisiones en el que participarán organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, instituciones nacionales y el Parlamento.
Ante las denuncias de Anmistía Internacional, cuyo director general en Marruecos Mohamed Sektaui resaltó a Efe la existencia de «informaciones recurrentes sobre las torturas y malos tratos cometidos por los agentes de la Dirección de Supervisión del Territorio (DST)», el Gobierno marroquí se ha visto obligado, en aras de limpiar la mala imagen de su sistema penitenciario a abrir el mencionado diálogo.
Por su parte, la parlamentaria Fawziya Labyad, miembro de la Comisión de la Justicia de la Legislación y de los Derechos Humanos, denunció recientemente el «hacinamiento» de las cárceles en Marruecos y puso como ejemplo la de Ukacha de Casablanca, donde en una visita encontró a 36 reclusas en una celda de 3x5 metros.
La cárcel de Ukacha recibió en cinco meses a 6.150 presos, lo que obligó a la administración a trasladar a otros centros a 2.532 reos. De hecho, su capacidad total es de 5.800 reclusos, pero alberga a 7.572 en 612 celdas, eso supone tres presos más por celda de lo permitido.
Torturas en cárceles marroquíes
ONGs locales y presos políticos insisten en que la tortura es una práctica habitual en las cárceles marroquíes, mientras que las autoridades penitenciarias aseveran que «combaten con el rigor necesario todas las prácticas atentatorias a las reglas jurídicas en vigor». Las torturas estarían siendo cometidas especialmente contra los «militantes islamistas» y los miembros del movimiento contestatario juvenil 20 de Febrero.
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