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Fomento limitará el desarrollo de nuevas áreas urbanísticas

Prepara una ley en la que apuesta por poner en valor los espacios vacíos e integrar las ciudades

ICAL

La Consejería de Fomento y Medio Ambiente pretende poner coto al urbanismo descontrolado que ha originado en la última década nuevos asentamientos dispersos, con baja densidad de población y alejados de la trama urbana. Por ello, la normativa autonómica dejará a un lado su «neutralidad» y pondrá condiciones al desarrollo de nuevos sectores o áreas urbanísticas, vinculando su aprobación a la existencia de transporte público y a la capacidad de las redes de servicios municipales.

La Junta de Castilla y León pretende establecer un nuevo modelo de desarrollo de las ciudades basado en un urbanismo de proximidad, que reduzca los desplazamientos y mejore la eficiencia del transporte público. Para ello, ha elaborado el anteproyecto de ley de Regeneración Urbana, que llegará a las Cortes a finales de este año. Con esta norma pretende impulsar un crecimiento «compacto, continuo y articulado», que permita la puesta en valor de espacios vacíos y la integración de las áreas metropolitanas, según explicaron fuentes del departamento de Antonio Silván.

También persigue facilitar la «reconversión» del sector inmobiliario para lo que dará un plazo de cinco años a los propietarios de suelo urbanizable -no programado, ni delimitado- para que demuestren la viabilidad de los mismos. Por tanto, aquellos terrenos que no cuenten con una planificación posterior (plan parcial) volverán a ser rústicos. Además, obligará a los propietarios, que pidan cambios de clasificación del suelo o aumentos de la edificabilidad, a correr con los gastos de los informes o estudios que exija la legislación.

Asimismo, la Junta se ha marcado como objetivo introducir la sostenibilidad en la planificación urbanística de la Comunidad, sobre todo, en las nueve capitales de provincia, Aranda de Duero, Miranda de Ebro y Ponferrada. Para ello, ha diseñado 12 áreas urbanas en las que endurece las exigencias para autorizar nuevos desarrollos urbanísticos. El fin es que no se generen nuevos núcleos de población que comprometan la capacidad y el funcionamiento de las redes de servicios. Además, se deberán integrar en la estructura urbana preexistente, respetando la topografía original y controlando el impacto visual.

De esta forma, en los municipios de más de 2.000 habitantes o situados en las áreas urbanas previstas no se podrán aprobar nuevos sectores si no disponen de las infraestructuras necesarias para depurar la totalidad de sus aguas residuales. También, en las poblaciones en las que se planteen más de 300 viviendas se deberá estudiar con detalle su impacto en los espacios públicos y dotaciones municipales, lo que dificultaría proyectos que multiplicarían la población de núcleos pequeños. Además, la Consejería pretende que los agentes urbanizadores asuman el coste de conectar los nuevos asentamientos a las redes de servicios e infraestructuras.

Para incentivar la ocupación de los espacios vacíos y revitalicar los centros urbanos, Fomento propone facilitar la instalación de pequeñas empresas. Para ello, plantea avanzar en iniciativas que compatibilicen los usos residenciales y productivos del suelo. Asimismo, plantea mejorar los espacios públicos con actuaciones de «bajo coste», habilitar corredores verdes que den continuidad a los espacios públicos urbanos con los naturales y avanzar en la eficiencia energética mediante la utilización de sistemas de calefacción de gestión centralizada y una buena orientación.

También, la futura ley requerirá un servicio de transporte público, al menos programado, para que una zona pueda ser urbanizada. El Gobierno autonómico pedirá que los instrumentos de planeamiento de los sectores urbanizables asuman las cargas derivadas de las ampliaciones o refuerzos de la red viaria pública que sean necesarias para garantizar la movilidad de los ciudadanos.

Igualmente, las reformas urbanísticas apostarán por diseños de calles que favorezcan los modos no motorizados y el transporte público. También obligará a que por cada 100 metros cuadrados construidos se reserve espacio para una plaza de aparcamiento, siendo el 50 por ciento del total de uso público, y fomentará la construcción de aparcamientos disuasorios en la periferia, conectados con la red de transporte público.

Por otra parte, la Consejería de Antonio Silván se ha marcado como objetivo esta legislatura dar pasos en la integración de las ciudades y los municipios que las rodean y que han concentrado la actividad urbanística de los últimos años. Para ello, ha delimitado las áreas urbanas de Burgos, León, Palencia, Salamanca, Soria, Zamora, Aranda, Mirada y Ponferrada. Éstas se sumarán a las de Valladolid y Segovia que ya habían sido aprobadas.

Los municipios que formen parte de estas agrupaciones urbanas deberán acostumbrarse a colaborar ya que esta norma exige en cinco años acuerden unas normas urbanísticas de coordinación. Fuentes de la Consejería explicaron que no se trata de unificar los planes generales de ordenación urbana sino de determinar las áreas saturadas y las preferentes con el objetivo de encauzar el crecimiento urbanístico.

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