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En 72 horas se implantará en Galicia el nuevo modelo de copago farmacéutico que, para los pensionistas de la Comunidad, representará un desembolso mensual no superior a los 8 euros para las rentas de menos de 18.000 euros; de 18 euros para las que los sobrepasen, y de 60 para las que superen la barrera de los 100.000 euros.
Más de 100.000 familias sin recursos dejarán de pagar por las medicinas
Con la aplicación de esta medida, la Comunidad gallega se desmarca de la idea que se barajó en un primer momento de devolver el dinero a los pensionistas en un plazo de entre tres y seis meses, que previsiblemente sí se impondrá en otras regiones españolas. Y es que la intención del Ejecutivo gallego pasa por evitar que este copago afecte a la economía de los ciudadanos con menos recursos para que «el que más tiene sea el que más pague», en palabras del máximo mandatario, Alberto Núñez Feijóo.
Era el propio Feijóo, unas horas antes del encuentro celebrado en Madrid, el que avanzaba la mejora al anotar en la Cámara gallega que «cuando los pensionistas paguen los 8 euros, el resto se descontará automáticamente y no tendrán que abonar ni un euro, ni un céntimo más».
Para Feijóo, esta medida bloquea otros copagos como cirugías, pruebas o consultas
Para Feijóo, que ayer defendió la puesta en marcha de esta medida en en Parlamento, esta solución evitará otros copagos como el de las consultas, el de las intervenciones o el de las pruebas diagnósticas, que en la Comunidad gallega están blindadas.
Farmacéuticos, satisfechos
Por su parte, el Colegio Oficial de Farmacéuticos de La Coruña quiso mostrar ayer su agradecimiento al presidente de la Xunta por «garantizar que ningún pensionista tenga que adelantar dinero para medicamentos». Así lo anotaban en un comunicado, en el que especificaban las ventajas de la aplicación de este decreto ley.
«Al no tener que adelantar dinero para posteriormente solicitar su reintegro a Sanidade, resultará más sencillo para el usuario sobrellevar la implantación de la nueva normativa». Se evitan así posibles perjuicios sobre los pacientes con las rentas más bajas, que «podrían optar por prescindir de los medicamentos que le han recetado y necesitar para su salud». El colectivo permanece a la espera de recibir las directrices de la Xunta.
