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El Tribunal de Cuentas va a estudiar el informe policial sobre la financiación ilegal de Covergencia Democrática de Catalunya, que forma parte de una pieza separada del «caso Palau», el expolio de la institución cultural a manos de Félix Millet.
Hacienda, la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), el titular del juzgado de Instrucción número 30 de Barcelona, Josep Maria Pijuan -que ayer ordenó la remisión del informe al órgano fiscalizador-, y el fiscal Emilio Sánchez Ulled han acreditado que el partido de Jordi Pujol y Artur Mas se financió a través del Palau de la Música y cobró comisiones millonarias de manos de constructoras de obra pública, como Ferrovial. Pero, por extraño que pueda parecer, la financiación irregular en sí misma no es delito: habría delito si se acredita, por ejemplo, tráfico de influencias, prevaricación o cohecho en las adjudicaciones de las obras (línea 9 del Metro de Barcelona y la Ciudad de la Justicia), pero no ha sido así.
Las licitaciones fueron ajustadas a la ley y Ferrovial y el resto de empresas que la acompañaban en UTE ganaron limpiamente. A medida que la constructora conseguía contratos, patrocinaba al Palau de la Música, que también pagaba a empresas que trabajaban para Convergencia, pero ni la Fiscalía ni el juez pueden demostrar que sea una contrapartida, pues no se ha demostrado trato de favor en el concurso público.
El tres por ciento
El único imputado de Convergencia, el extesorero Daniel Osácar, lo está porque su nombre de pila aparece como perceptor de fondos del Palau, pero este es el techo hasta el que ha llegado la investigación. Él lo niega todo. El ex presidente de la Generalitat Pasquall Maragall le llamó a este sistema «el problema del tres por ciento», refiriéndose a los supuestas comisiones que cobraba CiU por la adjudicación de obras.
Al encontrarse en este callejón sin salida, la Fiscalía pidió al juez que remitiera al Tribunal de Cuentas la documentación sobre Convergencia. El órgano fiscalizador no depura responsabilidades penales, sino contables. Si las encontrara, puede exigir la devolución del dinero recibido de forma irregular, tanto por el partido como por la su fundación, la Trias Fargas, e imponer una multa.
