Más pobres que ayer, pero ¿menos? que mañana

Los ajustes, a pesar de que podrían mejorar la competitividad de la economía a largo plazo, han pegado también un «mordisco» a los bolsillos de los trabajadores. Así nos hemos apretado el cinturón los españoles en los últimos años:

Las primeras supresiones que nos despertaron del sueño de la bonanza vinieron de la mano de Zapatero con el paquete de medidas del 12 de mayo de 2o10. Aquel día, el presidente anunciaba la supresión de una de sus medidas estrella, el chequé-bebe , una ayuda de 2.500 euros por cada hijo nacido o adoptado desde el 1 de julio de 2007. Unos meses más tarde, los recortes volvían a afectar a las familias. El Ejecutivo socialista daba marcha atrás y aplazaba la entrada en vigor de la ampliación a un mes del permiso de paternidad , que tenía previsto entrar en vigor el 1 de enero de 2011.

El Gobierno popular aterrizó en La Moncloa en diciembre de 2011 con mayoría absoluta y con el objetivo de sacar a España de la crisis económica. Su primera reforma estructural se presentó con el objetivo de reducir en 16.500 millones el déficit público. En la nueva batería de medidas se incluyeron la eliminación de los 210 euros de la renta de emancipación y se posponía a 2013 la introducción de nuevas categorías de beneficiarios de la Ley de Dependencia que afectaba en concreto a los dependientes moderados .

En el recorte socialista de mayo de 2010 también se dio un hachazo a los pensionistas con la congelación de esta partida por la necesidad de recortar el déficit tal y como pedía Bruselas. En enero se presentaría más ajustes en este ámbito con la aprobación de la reforma de las pensiones y el retraso gradual de la edad de jubilación de 65 a 67 años .

Con la llegada de Rajoy al poder, la situación daba un giro. En su discurso de investidura, el presidente anunciaba la descongelación de las pensiones con una actualización de su cuantía del 1%, en base a la previsión del IPC para el año 2012.

El Ejecutivo de Zapatero fue el primero que metió la tijera a los salarios públicos y en mayo de 2010 bajó un 5% los sueldos de los funcionarios, mientras que el propio Gobierno se aplicaba una rebaja salarial del 15%. Los populares rechazaron recortar otra vez los emolumentos de los trabajadores públicos, pero sí los congelaron y aumentaron su jornada laboral : 37 horas y media a la semana. A las bajadas de los sueldos públicos propugnadas desde el Estado habría que sumar, además, todas aquellas que se han llevado a cabo a nivel regional.

El 30 de diciembre de 2011 también se avanzaba la congelación del salario mínimo interprofesional para 2012 en los actuales 641,40 euros mensuales.

En julio de 2010 entró en vigor una subida de impuestos con un aumento del tipo general del IVA del 16 al 18% y del reducido del 7 al 8%. En materia tributaria, el Gobierno del PSOE, también incrementó el porcentaje a pagar por las rentas de capital, eliminó la deducción de los 400 euros en el IRPF (a partir del 1 de enero de 2010) y recortó cinco puntos el impuesto de sociedades para las pymes y autónomos que mantuvieran o incrementaran su plantilla.

Cuando el Gobierno popular abrió la legislatura se encontró con una desviación del déficit del 8% y decidió subir los impuestos de la renta de forma temporal (hasta finales de 2013), pese a que anteriormente había asegurado que no lo haría. La cuota estatal subía así del 0,75% para el primer nivel de renta hasta el 7% en el nivel más elevado. Además, se aprobaba un incremento del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para ese mismo periodo bianual.

En abril se comunicaron nuevas subidas impositivas . El ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, explicaba el encarecimiento del impuesto de sociedades para las grandes empresas y de los impuesto especiales, como los del tabaco para recaudar 12.314 millones de euros en 2012.

Otra subida del IVA también está sobre la mesa desde que el actual ministro de Economía, Luis de Guindos, anunciara que en 2013 aumentarían los impuestos que gravan el consumo. Este lunes fuentes del ministerio de Hacienda reconocieron que el proyecto está sobre la mesa y avanzaron que el Gobierno está «analizando de forma crítica los productos y servicios que se benefician de un IVA reducido».

La primera reforma laboral auspiciada desde Europa para flexibilizar el mercado de trabajo la introdujo Zapatero en el verano de 2010. El Gobierno facilitó el despido objetivo (indemnizado con 20 días) a las empresas con pérdidas y se generalizaba el contrato de fomento del empleo estable (indemnizado con 33 días, frente a los 45 de un fijo ordinario).

Pero la reforma fue insuficiente y la tasa de paro cerró 2011 en el escalofriante porcentaje del 22,85%. Ante esta situación, la actual ministra de Empleo, Fátima Báñez, presentó una reforma aún más profunda el pasado 10 de febrero. Todos los contratos fijos ordinarios firmados a partir de entonces tendrían una indemnización de 33 días y 24 mensualidades por año trabajado. En el caso de los despidos objetivos, la disminución de ingresos o ventas persistente durante tres trimestres consecutivos se establecía como suficiente para recurrir a ellos.

El recibo de la luz se ha encarecido hasta un 28% en los últimos dos años y medio. La última subida, de un 7%, se produjo en abril de 2012 ante el elevado déficit de tarifa y después de que el Tribunal Supremo aceptara los recursos de Endesa e Iberdrola sobre la necesidad revisión al alza del recibo eléctrico en 2012. En consencuencia, pese a que el Gobierno decidió congelar la factura al llegar el poder, se vio obligada a aumentarla. Las subidas anteriores tuvieron lugar en julio de 2011 (un 1,5%, es decir 0,50 euros al mes), enero 2011 (9,9%, 3,2 euros mensuales), octubre 2010 (4,8%, 1,3 euros mensuales) y enero de 2010 (2,6%, 0,89 euros al mes).

A partir del 1 de julio de 2012 los pensionistas abonarán el 10% de los medicamentos y la población activa pagará del 40 a un 50% e incluso un 60%, si declara más de 100.000 euros de sueldo anual. Los jubilados con pensiones no contributivas quedan exentos y las medicinas seguirán siendo gratis para ellos. Tampoco los trabajadores activos con una renta baja, los que no tengan obligación de tributar en el IRPF ni las familias numerosas verán superada la barrera del 40%.

Asimismo, Sanidad aplicará la misma fórmula de copago de medicamentos a tratamientos dietoterápicos y a los productos ortoprotésicos con excepciones para las personas más vulnerables.