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El «caso Dívar» podría no estar aún zanjado. Es lo que opina la portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Grabriela Bravo, en una entrevista condedida a TVE un día después de la dimisión del presidente de la institución. Bravo no descarta que, pese al archivo de la querella por delito de estafa dictado por el Tribunal Supremo, alguien emprenda nuevas acciones penales «por hechos distintos».
La portavoz del órgano de gobierno de los jueces, que respaldó a Carlos Dívar casi hasta el final, cree que éste debería haberse explicado antes y mejor porque su «opacidad» ha generado muchas dudas a la ciudadanía. «La entiendo (a la ciudadanía) y la comprendo, porque en este país y sobre todo en un momento como el actual no nos podemos permitir el lujo ni siquiera de tener sospechas. Y claro que el presidente Dívar tiene que actuar con la máxima ejemplaridad y no solo usar fondos públicos para fines privados, sino parecerlo», sostuvo.
No podía seguir así
A su juicio, era «imposible» que el CGPJ siguiera funcionando con normalidad y estabilidad sin la «adopción de una decisión drástica y contundente» como el anuncio de dimisión realizado el pasado jueves por Dívar. «Una cuestión es que los hechos desde el punto de vista penal no tengan relevancia penal, y otra es en qué medida a lo largo de estos más de 30 días, todos estos acontecimientos y la concatenación de algunos errores han producido una imagen de deterioro y de desprestigio que ha afectado al Tribunal Supremo y la credibilidad de la Justicia», aseguró.
Dimisión histórica
Preguntada sobre si ella cree que el expresidente debería devolver los fondos públicos con los que financió sus viajes, la portavoz se ha remitido a las dos resoluciones dictadas por la Fiscalía y el Supremo, que, recordó, «entienden que los hechos no son constitutivos de una infracción penal». «En este país jamás la justicia se había visto ante una dimisión de su presidente y que el Pleno de la Sala Penal tuviera que reunirse para valorar si se admitía o no la querella. Todo esto ha servido para hacer examen de conciencia y darnos cuenta de que la metodología no ha sido suficientemente transparente y se ha generado una sombra de sospecha».
Gabriela Bravo aprovechó para anunciar que el próximo día 28 el Pleno del CGPJ analizará un plan de transparencia elaborado por la Comisión de Presupuestos y que «va a permitir la modificación de la norma» para conseguir «una adecuada concreción del gasto relacionado con la actividad y desde luego una mayor transparencia».
