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El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un proyecto de ley de lucha contra el fraude fiscal que recoge la limitación de los pagos en efectivo a cantidades inferiores a 2.500 euros, cantidad que asciende a 15.000 euros cuando el pagador sea un particular no residente.
Según ha explicado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, la aplicación de esta medida no afectará a las operaciones entre particulares, sino a las realizadas entre empresas o profesionales.
Además, habrá obligación de informar sobre cuentas y valores que estén en el extranjero y se declara la "imprescriptibilidad" de las rentas no declaradas, que serán imputadas al último periodo impositivo de los no prescritos.
Asimismo, el Gobierno ha fijado una multa mínima de 10.000 euros para aquellos contribuyentes que no declaren sus cuentas en el extranjero, a los que se sumarán 5.000 euros por cada dato que se descubra y que no haya sido comunicado por el contribuyente.
«Si se incumple la limitación tanto el que paga como el que recibe serán responsables solidarios de la infracción», ha dicho Sáenz de Santamaría, quien, sin embargo, ha recordado que si una de las partes pone en conocimiento de la Agencia Tributaria el pago no será sancionado.
También se establece la exclusión del régimen de módulos para los empresarios que facturen menos del 50% de su operaciones particulares, una exclusión que solo será para aquellos cuyo volumen de rendimientos íntegros del año anterior supere los 50.000 euros.
El contenido del proyecto de ley ya fue explicado en el Consejo de Ministros que tuvo lugar el pasado 13 de abril y cuyo texto, según la vicepresidenta, ha recibido el visto bueno del BCE y del Banco de España.
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