Hablan las víctimas: «No puedo perdonar»

Veinticinco años después, muchas heridas de aquella masacre siguen abiertas. Las víctimas supervivientes —las que estuvieron en el lugar de los hechos y lograron contarlo y las que enterraron a familiares en aquel supermercado— suman a su dolor el calvario del laberinto burocrático y judicial que han tenido que atravesar para cobrar indemnizaciones y ayudas —algunos aún sin éxito— y los recelos y recuerdos que les asaltan ahora. Por el 25 aniversario, que lo remueve todo, y por el panorama de incertidumbre que se abre tras el comunicado de ETA del pasado octubre en el que anunciaba el cese definitivo de la actividad armada.

Uno de los que resume la tragedia es Roberto Manrique, de 49 años, que trabajaba de carnicero en Hipercor cuando el atentado y que resultó herido grave por quemaduras y con una hepatititis crónica provocada por una infección durante su tratamiento. Ha sido la cara visible de muchas de las víctimas por su tarea de 24 años en su defensa y presidió durante años la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas (ACVOT). Y ha sido noticia esta misma semana. El pasado viernes acudió a la prisión alavesa de Zaballa para verse las caras con Rafael Caride, el etarra que introdujo el coche bomba en Hipercor, en un encuentro enmarcado en el programa de reinserción de presos disidentes de ETA que impulsa el Ministerio de Interior. Caride, que fue expulsado de ETA en 2010 por actuar fuera de la disciplina, mandó una carta a Manrique en 2011, el prólogo a la cita del viernes, un tipo de encuentros de las que algunas víctimas abominan. «Respeto su opinión —indica Manrique—, pero no la comparto. Yo creo que estas reuniones contribuyen a la división entre los etarras y solo por eso ya son positivas».

A la salida del penal alavés, Manrique explicó que Caride reconoció su culpa pero no pidió perdón. Por el significado religioso que conlleva esa palabra, alegó el etarra. «Perdón» es una palabra que sale a colación cuando se habla con las víctimas; un vocablo que muchos rechazan de plano. «No es momento de hablar del perdón. Los terroristas no están arrepentidos, están vencidos. Han perdido el apoyo social», explica a ABC María José Olivé , de 68 años, que perdió a su marido, Xavier, en el atentado. Y cuando se le mienta la amnistía que reclaman algunos etarras, esta profesora jubilada se atreve con la comparación: «Concederles la amnistía sería poner una bomba al Estado de Derecho». «Que rechacen la violencia, que se disuelvan y que entreguen las armas», exige María José como paso previo a hablar de futuro.

Mismo sentir expresa Marga Labad , de 49 años, que perdió a su madre Lluïsa aquel fatídico 19-J. Fue a comprar y ya no volvió. «No puedo perdonar», afirma Marga, quien se muestra muy pesimista a la hora de augurar un final posible de ETA. «Después del atentado estuve viviendo un tiempo en Baztán (Navarra). Me fui allí para intentar entender qué pasaba. Y llegué a la conclusión de que no hay nada que entender, que tienen el odio impregnado, desde Guernica, desde el franquismo...»

Al recordar su «día D», María José y Marga coinciden en señalar que aquel atentado, por su magnitud y por el blanco elegido —no era la primera vez que ETA mataba civiles pero sí de manera masiva— pilló a todos desprotegidos. A los responsables de la seguridad censurados por la Justicia —las fuerzas policiales no desalojaron el supermercado tras tres llamadas de aviso e intentaron buscar el artefacto explosivo—, a la población y a las víctimas. Al poco de la bomba, estalló la incredulidad.

«Yo creí que había explotado una nevera de la carnicería. Ya en el hospital, cuando me llevaban al quirófano, oí decir a un médico: “Los hijos de puta de ETA han puesto una bomba en el Hipercor”. Así me enteré», relata Roberto Manrique. María José supo que era viuda horas después del atentado, cuando estaba en casa con sus dos hijos. Por una llamada de teléfono que atendió su padre, que esos días estaba en su domicilio porque dos semanas atrás había perdido a su esposa.

El marido, Xavier, arquitecto, que contaba 49 años, recaló en Hipercor de casualidad. Nunca compraba allí. Imposible saber exactamente qué pasó, murió en el acto, pero María José cree que de regreso en coche a casa desde su despacho, en Santa Coloma de Gramanet, Xavier improvisó fatalmente y paró en el Hipercor para comprar unos billetes de avión para ir de vacaciones a Mallorca con su familia. «Ese día estaba revisando exámenes de mis alumnos y oí que hablaban de un atentado en Hipercor pero, la verdad, no pensé que tendría nada que ver conmigo...».

A Marga, que cuando el atentado trabajaba en un bingo de Barcelona y tenía 25 años, la fatal noticia le llegó... por televisión, al día siguiente. La pareja sentimental que entonces tenía su madre no se lo dijo hasta que ella, su hermano y su padre le preguntaron. Pero eso es otra historia...

Marga, como todos los que perdieron parte de su vida en Hipercor, nunca se ha recuperado del todo. Trabaja de masajista en el pueblo de la Nou de Gaià (Tarragona) y arrastra una depresión mayor que deja su existencia a merced de las oscilaciones de esta enfermedad. Y Marga, como muchos de estas víctimas, aún no ha sido resarcida completamente por su horror. Las víctimas de Hipercor, en un mal compartido con otros afectados por otros atentados, ha sufrido una odisea a la hora de conseguir indemnizaciones. Aún batalla en esta lid.

«Cuando se celebró el primer juicio por el atentado en el que condenaron a Ernaga y Domingo Troitiño (1989) nos dijeron que no cobraríamos porque los etarras se declararían insolventes», recuerda María José. Con todo, la sentencia fue pionera a la hora de reconocer la responsabilidad patrimonial del Estado en un atentado terrorista, por la presunta pasividad de la actuación policial. De ahí se agarraron una docena de víctimas —entre ellas, María José— para reclamar. A ellos, tras una sentencia a favor de la Audiencia Nacional recurrida por Fiscalía, el Supremo les dio la razón en julio de 1997. A otras 25 víctimas —entre ellas, Marga— la Audiencia Nacional les denegó en el año 2000 la petición de indemnizaciones por el mismo concepto al considerar que lo habían solicitado fuera de tiempo. Y el Supremo lo ratificó en 2004. Aunque entre medias, en 2003, hubo la sentencia por el segundo juicio del atentado, el que condenó a Caride y a «Santi Potros».

En paralelo, el Gobierno, aunque demasiado moroso, ha salido a su auxilio. No fue hasta la Ley de solidaridad con las víctimas de octubre de 1999, que insta al Estado a asumir de entrada el pago de las indemnizaciones y, luego, reclamarlas a los terroristas. Ya en noviembre de 2011 se aprobó la Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, que marca unas indemnizaciones más altas que las de la ley de 1999.

Por eso Marga también lucha aún. Por reclamar los 55.883 euros de diferencia a su favor que resultan de aplicar los nuevos baremos por la muerte de su madre. El dinero le serviría para costear sus obligadas y recurrentes visitas al psiquiatra. Pese a todo, Marga sobrevive aunque en su día a día tiene que lidiar con un recuerdo que sigue vivo cuarto de siglo después.