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El juez del caso Emarsa ordenó ayer el embargo de los bienes de cinco empresas pertenecientes a dos de los principales imputados en la causa, Sebastián García y su hermana María Paz, con el fin de hacer frente a la fianza de 3,6 millones de euros que les impuso a ambos el pasado mes de enero.
Sebastián García, administrador de las sociedades Microprocesadores Valencia y Sofitec Informática facturó a Emarsa 4,5 millones de euros entre 2004 y 2010, mientras su hermana, titular de Construcciones y Reformas Rocafort, Construcciones Valsebe y Mantenimientos Valmasmark, alcanzó los 4,3 millones de euros.





