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El objetivo es mejorar el servicio de Justicia y promover la mediación
Día 18/06/2012
La actual coyuntura económica ha obligado a la Generalitat a aprobar unas tasas judiciales que, ante todo, «no tienen afán recaudatorio», señala el conseller de Justicia, Jorge Cabre. No en vano, la principal finalidad de las tasas «es la obtención de unos recursos económicos adicionales que nos permitan mejorar y modernizar nuestras infraestructuras judiciales», además de promover la mediación.
Con ello, asegura Cabré, se pretende mejorar el servicio que se presta a los ciudadanos y a los profesionales en el ámbito de la administración de Justicia. También serán un «elemento disuasorio» frente aquellos que recurren a la Justicia de forma «reiterada y en muchos casos innecesaria, y de quienes hacen uso de los recursos judiciales con fines únicamente dilatorios, generando mayores casrgas de trabajo en nuestros órganos judiciales, perjudicando con ello el funcionamiento general de la Justicia».
Quedan excluidas de la imposición de tasa la jurisdicción penal y la social (reclamaciones laborales, de seguridad social, de prestaciones por desempleo, etc), y algunas materias de la civil, como las referentes a familia, estado civil de las personas o sucesiones, y de materia contencioso-administrativa, como las referentes a personal, derechos fundamentales de las personas o actuación de la administración electoral.
El importe de las nuevas tasas judiciales es entre un 16 y un 20 por ciento menor que las aprobadas en Cataluña y su cuantía no alcanza en ningún caso los 100 euros.
