Los «moscosos», ¿en crisis?

Casi treinta años después de que el exministro de la Presidencia Javier Moscoso , en el primer Gobierno de Felipe González , creara los «moscosos», su mantenimiento ha entrado en el debate político.

Aunque sindicatos y funcionarios insisten en que su creación se debió a la «pérdida de poder adquisitivo» de este colectivo, el que fuera secretario de Estado de Administraciones Públicas en 1983, Francisco Ramos Fernández-Torrecilla , señala a Efe que fue una medida «racionalizadora» de la Administración estatal.

De hecho, fue Fernández-Torrecilla, ahora consejero de Educación en la Embajada de España en Lisboa, quien firmó la instrucción de 21 de diciembre de 1983 -que dictaba normas sobre jornada y horario de trabajo, licencia y vacaciones del personal- y no Moscoso.

El malestar de los sindicatos ante la posibilidad de que se puedan suprimir esos días libres obligó al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a emitir hace unos días un comunicado negando que se estuviera estudiando. «Todavía no existe ningún texto normativo sobre esta reforma -de la función pública-, ni hay ninguna previsión de suspender estos días libres por asuntos particulares», dijo Hacienda.

Fuentes del departamento que dirige Cristóbal Montoro han señalado a Efe que el Gobierno «no está abordando» la supresión de los «moscosos» y que el asunto no está sobre la mesa.

Ahora bien, el Ministerio sí pretende abordar la reforma básica de la función pública en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) -que reúne al Gobierno con las comunidades autónomas- y en la Comisión Nacional de Administración Local.

Era 1983 cuando Javier Moscoso del Prado, entonces ministro de la Presidencia, creaba los famosos días que, tres décadas después, aún llevan su apellido. «A lo largo del año -según el texto legal publicado entonces en el BOE-, los funcionarios tendrán derecho a disfrutar hasta seis días de licencia o permiso por asuntos particulares. Tales días no podrán acumularse en ningún caso a las vacaciones anuales retribuidas».

«Los funcionarios -añadía- podrán distribuir dichos días a su conveniencia, previa autorización, que se comunicará a la unidad de personal y respetando siempre las necesidades del servicio».

Entonces ni el ministro ni Fernández-Torrecilla podían imaginar que años después el término «moscoso» sería aceptado por la Real Academia Española (RAE) y, es más, incluido en su diccionario. «Moscoso» figura en sus páginas como «día de permiso de libre disposición que tienen pactado ciertos colectivos de trabajadores y funcionarios».

Fernández-Torrecilla explica a Efe que la creación de los «moscosos» pretendía regular los días libres en la Administración del Estado, y recuerda que después ministros populares y socialistas, como Javier Arenas o Jordi Sevilla, los aumentaron.

Crear esos días, opina, no respondió a la idea de compensar la pérdida de poder adquisitivo de los funcionarios, sino que fue una medida «racionalizadora» de horarios y jornadas que unificó a ministerios y organismos de la Administración pública.

Para el exsecretario de Estado de Administraciones Públicas, la eliminación de estos días de libre disposición «no serviría para nada» y no tendría «ningún efecto» en el ahorro del gasto público .

«Su eliminación responde a esa filosofía neoliberal de que la supresión de los días festivos y de los puentes contribuye a la mejora de la economía», destaca.

Aunque el Gobierno haya negado la supresión de esos días, los sindicatos han expresado su rechazo, afirmando que supondrá eliminar un «derecho adquirido» por los empleados públicos -un colectivo «muy castigado», afirman-, una reducción «indirecta» de salario y ningún ahorro económico. « Sería sólo una operación de maquillaje », opinan.

El presidente del sindicato de funcionarios CSIF, Miguel Borra, dice a Efe que el Gobierno debería abordar otros temas más importantes de los servicios públicos que redundarían en una mejor eficacia, como las duplicidades administrativas y la productividad. «El Gobierno dirá que quitando los 'moscosos' se generarán más jornadas de trabajo de los empleados públicos y que eso supondrá un ahorro, pero la realidad no será así», afirma, antes de apostillar: «Es una medida más plástica que efectiva».

El CSIF ha denunciado, además, que el Gobierno quiere recortar días de vacaciones a los empleados públicos y señala que la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas ha remitido a todos los ministerios una circular que introduce un nuevo recorte a este colectivo, sin haberlo consultado con los sindicatos.

César Pérez, de CCOO, considera que suprimir los «moscosos» supondría «un nuevo ataque» a los empleados públicos, y añade que ni siquiera supone un «ahorro efectivo», ya que ningún trabajador es sustituido en los días que los disfruta, a excepción de los servicios asistenciales, que sí contratan a interinos.

Yolanda Palomo, secretaria de Administración General del Estado de FSP-UGT, afirma que suprimirlos sería una nueva «agresión» a los empleados públicos, «haciéndoles pagar una crisis que no han provocado», y contra un colectivo que el Gobierno considera «un grupo de privilegiados».

Florentino Felgueroso , doctor en Economía por la Universidad de Oviedo, investigador asociado de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) y experto en economía laboral, explica a Efe que, en el contexto actual de crisis, las plantillas tienden a ser más «exiguas», por lo que en algunos servicios públicos «pueden tener problemas para coger 'moscosos'».

Aunque no es partidario de que se supriman todos, señala que teniendo en cuenta los recortes de las plantillas para mantener «la calidad y la previsión» de los servicios públicos, «actuar sobre los 'moscosos' puede ser conveniente». «Estaría justificado que en el momento actual se tome esta medida», precisa.

Los funcionarios, sin embargo, lo tienen claro. De suprimirse los seis días el Gobierno seguiría «azuzando a u na población muy castigada por la crisis » por tener el "enorme privilegio de tener empleo estable", afirma a Efe Francisco Barrueco, funcionario de la Comunidad de Madrid.

En el mismo sentido se expresa Judith Juliani, auxiliar de Justicia, quien insiste en que eliminar los «moscosos» no beneficia a nadie ni supone ningún tipo de ahorro, a la vez que se acabaría con un logro social que tiene casi treinta años. «Sólo es una política de cara a la gente, porque estamos muy mal vistos», añade.