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A veces la naturaleza se revuelve con ira: la tierra tiembla, el mar se abre, el viento arrasa o los volcanes escupen fuego. Pero cuando los campos arden casi nunca es cosa de la naturaleza. La mano del hombre, con premeditación o por simple negligencia, suele estar detrás de un bosque que estalla en llamas.
En lo que llevamos de año, ya han sido detenidos por delito de incendio el 80 por ciento de los que fueron detenidos el año pasado, 243 personas en tres meses frente a las 304 de todo 2011.
La única respuesta posible para evitar incendios: la concienciación ciudadana
Como recogió Efe, Vercher se puso ayer ante las cámaras —algo que no hacía desde 2008— para denunciar la «desidia, negligencia y actuaciones improcedentes» que provocan los incendios que sufren los bosques cada año, porque «si no se consigue llegar al ciudadano de a pie, no hay absolutamente nada que hacer».
«Es muy poco lo que la administración puede ya hacer y mucho lo que puede hacer la ciudadanía», pues mientras ocho de cada diez incendios se deban a negligencias —como ha ocurrido en 2011— «no se avanzará».
Ni subir las penas, ni jurados populares
Según el fiscal, «se están cumpliendo las normas» de prevención de incendios, por lo que ha cuestionado que sea necesario seguir aumentando las penas en este tipo de delitos, como aprobó el Congreso de los Diputados este martes a instancias de la proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular (GPP).
En la actualidad, y según palabras del propio Vercher, hay quienes cumplen condenas de entre 12 y 15 años por delito de incendio forestal, y la pena máxima aplicable asciende a 20 años.
Además, defendió eliminar los jurados populares en los casos de incendios dolosos —es decir, los intencionados—, pues las absoluciones que se dan en algunos lugares son «demasiadas». El asunto lo ha tratado con el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, y figura entre los asuntos de estudio de la actual reforma del Código Penal. «No parece sensato ni precedente», apuntó.
Desde 2007, las condenas en todos los delitos ambientales han crecido. No es partidario de aplicar una pena desmedida a una persona que no actuó con ánimo de hacer daño. «Puede ser peor el remedio que la enfermedad», indicó. Es su respuesta jurídica para cuando los campos arden.
