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«Competir en situación de igualdad». Esta es la meta que persigue la Junta con el vecino País Vasco. Por ello, el Ejecutivo va aprovechar el último cauce legal que le queda frente a las llamadas «vacaciones fiscales» e interpondrá ocho recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional por la «vulneración del derecho de defensa» en las últimas sentencias sobre el Impuesto de Sociedades vasco. El fin es proteger a las empresas regionales y «evitar» que las diputaciones forales «favorezcan» a las que se asientan en su territorio con beneficios que «no existen en el resto de España» y que son «competencia desleal que perjudica» a las zonas limítrofes.
Este es el último paso que a la Junta le «queda por dar» después de que tanto Castilla y León con La Rioja hayan recurrido «sistemáticamente»ante el Tribual Superior de Justicia del País Vasco este asunto, hasta que el conflicto llegó al Tribunal de Justicia de la UE de Luxemburgo, que intervino por procedimientos iniciados al respecto por la UE y a petición de tribunales españoles, determinando que las «vacaciones fiscales vascas» son «incompatibles con el mercado común» y que el TSJPV debía comprobar si las diputaciones tenían autonomía institucional, de procedimiento y económica para dictar normas fiscales. Sin embargo, «se ignoró el mandato, se eludió realizar las diligencias y se dictó sentencia sin trámite», dijo ayer el portavoz del Ejecutivo autonómico y consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez.
La Junta considera que las diputaciones forales no tienen autonomía económica para establecer dichos beneficios fiscales y denuncia que al no comprobarse por parte del TSJPV no se «permitió dilucidar si estaban en lo cierto» y se privó a Castilla y León de «toda posibilidad de probar su postura». Tras dicha decisión, el Ejecutivo continuó su batalla interponiendo ante el Tribunal Supremo ocho recursos de casación entre 2009 y 2010, que fueron desestimados en abril. De Santiago-Juárez consideró «incomprensible» dicho fallo del TS, sobre todo teniendo en cuenta que en 2004 decretó la nulidad de las normas forales de 1996 que fijaban un tipo inferior al estatal. No obstante, la Junta no da por perdida la guerra y presenta hoy ocho recursos de amparo ante el Constitucional para que se anulen los procedimientos judiciales precedentes y se regrese al punto en el que el Tribunal de Luxemburgo «ordenó practicar unas pruebas».
Por otro lado, el Consejo de Gobierno autorizó ayer la modificación del límite máximo de endeudamiento a largo plazo para 2012 con el fin de hacer efectivo el pago de 1.052 millones de euros a 2.137 proveedores de la administración a través del mecanismo extraordinario de financiación facilitado por el Gobierno.
